El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una batería de medidas con las que pretenden limitar la actividad de los autocares turísticos, especialmente en el centro de la ciudad. La iniciativa más llamativa del llamado proyecto Zona Bus 4.0 es la intención de cuadruplicar los precios que pagan estos vehículos por aparcar en la ciudad, pasando de los 20 a los 80 euros.

En 2023 se produjeron en la ciudad más de 156.000 paradas en las 222 plazas habilitadas, unas 69.000 de embarque y desembarque y las 87.000 restantes de estacionamiento. Esto supuso unos ingresos cercanos al millón de euros para las arcas municipales, cifra que podría incrementarse hasta más de 4 millones de euros.

El proyecto, que se consultará con el resto de grupos políticos y los operadores y empresas del sector, también plantea la reducción de plazas de estacionamiento en el centro de la ciudad, la puesta en marcha de apeaderos en las entradas de Barcelona y la utilización la tecnología para prever y ordenar los flujos de visitantes.

“A día de hoy un turista que se queda a dormir en la ciudad de Barcelona paga unos 7 euros, mientras que una persona que visita la ciudad todo el día paga solo 0,5 céntimos aunque también hace un uso intensivo del espacio público”, ha explicado el teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls. “La gestión del turismo implica incentivar o desincentivar algunos tipos de turismo que nos interesen más o menos como ciudad. Esto puede hacerse a través de la regulación o de la fiscalidad y este gobierno utilizará todos los instrumentos que tenga a su alcance”, ha añadido.

Aumento de la presión sobre el turismo

Esta es una de las últimas medidas aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que continúa poniendo límites a la actividad turística. Recientemente, incrementó al máximo la tasa sobre las pernoctaciones turísticas, anunció un plan para erradicar todas las viviendas destinadas al alquiler vacacional y comunicó su intención de limitar los cruceros.

Esto se suma a otras medidas aprobadas previamente, como la prohibición del uso de megáfonos en zonas muy concurridas como Ciutat Vella o la moratoria hotelera vigente desde 2015.

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