Ante la noticia de la clausura de los chiringuitos, kioscos y escuelas de surf de las playas de Arona y Adeje (Tenerife) por la Dirección General de Costas, organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha considerado que la competencia en materia de costas debería estar en manos de la comunidad autónoma de Canarias.

Al respecto, la patronal hotelera ha dejado claro, por medio de un comunicado, su rechazo a “las formas en que se ha producido este cierre” en pleno mes de agosto, lo que ha generado “grandes perjuicios” a una multitud de usuarios de estos servicios que forman parte de la oferta turística de los municipios tinerfeños.

En esta línea, Ashotel defiende el cumplimiento de la ley, haciendo alusión a algunos kioscos que operaban sin poseer la autorización pertinente, aunque insiste en que “es posible hacer las cosas de otra forma” sin perjudicar a los usuarios o a los empleados que trabajan en estas dependencias. También, reparó en que “ha faltado sensibilidad turística” por parte las administraciones públicas estatales, que han actuado de "manera contundente" y "sin pensar" en los intereses de los residentes y turistas, de los que Canarias depende.

“Se podía haber exigido el cumplimiento estricto del contenido de las autorizaciones temporales expedidas, al tiempo que se trabajaba en unos pliegos para el concurso y autorización de los kioscos mediante las correspondientes licencias”, aseveró el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, quien añadió que “ahora resulta que ni hay chiringuitos y tampoco hay pliegos ni concurso”. 

Marichal señaló que lo “peor” que podría pasar es “llegar a la temporada de invierno –alta en Canarias– y que la solución no haya llegado aún”. Al mismo tiempo, la patronal insiste en que estas actividades en la playa deben estar licitadas mediante concursos públicos, “abiertos y transparentes”, desligado de autorizaciones de temporada.

En definitiva, Ashotel solicita al Estado la transferencia de competencias en materia de costas para que desde Canarias se pueda regular la oferta turística del archipiélago.

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