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Baleares corta por lo sano: cierra zonas de ocio de Mallorca
El Govern ha ordenado el cierre de todos los establecimientos de comercio, ocio y restauración de Punta Ballena (Magaluf) y de las Calles de la Cerveza y el Jamón (Palma)
Con el cierre indefinido de las discotecas y locales de ocio en S'Arenal y Magaluf (Mallorca) y del West End (Ibiza) el Gobierno de Baleares pretendía mantener el control sobre el turismo de borrachera en tiempos del coronavirus, sin embargo, las últimas imágenes de descontrol con fiestas ilegales en las calles de Mallorca le han llevado a aplicar una normativa más estricta y ha ordenado la clausura de todos los establecimientos de comercio, ocio y restauración en las calles Punta Ballena de Magaluf, Miquel Pellisa (más conocida como Calle de la Cerveza) y Pare Bartomeu Salvà (más conocida como Calle del Jamón) de Playa de Palma.
Estas medidas se publicarán hoy en el BOIB, su entrada en vigor tendrá efecto inmediato y tendrán una duración de dos meses prorrogables.
Evitar comportamientos incívicos
El Govern ha justificado el nuevo paquete de medidas argumentando que pretenden reforzar la protección ante la crisis del Covid-19, así como posicionar aún más a las Islas Baleares como destino turístico seguro. En los últimos 14 días el archipiélago registra una de las tasas de incidencia acumulada más baja de toda Europa, con 4,78 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de una cifra muy inferior a la que registra el conjunto de España (14,8) y está también muy por debajo de la que presentan sus principales mercados emisores de turistas, tanto el Reino Unido (no ofrece datos) como Alemania (6,8).
Más allá de la pandemia, se persigue evitar los comportamientos incívicos que pueden poner en riesgo todo lo conseguido en términos de reinicio seguro del turismo. El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha incidido en la necesidad de impulsar estas actuaciones para “no poner en riesgo 200.000 empleos” y contener la epidemia. “Nuestros trabajadores han hecho un esfuerzo enorme y no los vamos a poner en peligro, seguiremos protegiéndolos”, ha asegurado antes de dejar claro que el Govern “actuará allí donde sea necesario” para hacer cumplir las normas.
Resaltó que Baleares ha sido muy castigada por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 y que cualquier rebrote supondría un golpe muy duro para todo el sector turístico, asimismo, recalcó que el Gobierno de las Islas mantiene su compromiso por erradicar el turismo vinculado al alcohol, los excesos y los desórdenes públicos y fomentar un turismo de mayor calidad.
Asimismo, la normativa también se ha prohibido el uso de pajitas largas y de vasos y recipientes de bebida compartidos.
Asimismo, se prohíbe en las zonas delimitadas por el decreto de excesos aprobado en enero —Magaluf, Playa de Palma (Mallorca) y Sant Antoni (Ibiza)— el uso de taburetes y mesas altas en lugar de sillas, ya que “favorecen que muchas veces el cliente esté de pie, mucho más próximo al siguiente comensal que en una mesa tradicional y que circule con mayor libertad por el establecimiento”.
Refuerzo de los operativos de inspección
Por otro lado, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha anunciado que se reforzarán los operativos de inspección en zonas estratégicas de les Illes, en locales de ocio y en posibles fiestas particulares, para vigilar el cumplimiento de estas nuevas medidas, de la normativa respecto a aforos permitidos, uso de mascarilla, distancia social y horarios, entre otras cuestiones.
“Contamos con una plantilla de un centenar de inspectores de la CAIB para participar en estos operativos multidisciplinares, a los que se sumarán otros 50 inspectores de Trabajo. No podemos dejar que la falta de responsabilidad de unos pocos ponga en peligro a nuestros ciudadanos y ciudadanas que han tenido un comportamiento ejemplar durante todo este tiempo. Es una cuestión de salud pública”, ha declarado.
El Govern de les Illes Balears ha aprobado un decreto ley con el régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de la normativa prevista para paliar los efectos del COVID-19. Este decreto contempla sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves e incluso el cierre del establecimiento.
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