El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con una multa de 420.000 euros al propietario un edificio situado en el céntrico distrito de Ciutat Vella, que llevaba años alquilando 14 viviendas —casi todas las del inmueble— como pisos turísticos ilegales.

La sanción llega después de meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales y de la Guardia Urbana. Estos han podido constatar que, durante años, la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del consistorio, alegando que alquilaba las viviendas aparentemente de forma legal, con contratos de larga duración, a inquilinos que aparecían como arrendatarios de los alojamientos turísticos ilegales.

La propiedad del edificio de la calle Ample 24 es una comunidad de bienes familiar que alquilaba hasta 14 alojamientos en esta finca. Estos se comercializaban como alojamientos turísticos, a través de Booking.com y Airbnb, sin ninguna autorización para la actividad turística, explica el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Desde el año 2018, los inspectores municipales han abierto numerosos expedientes y han solicitado la desactivación de estos anuncios en las dos plataformas de alquiler vacacional. Durante este tiempo, los funcionarios han podido constatar que estas ofertas se iban actualizando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, a fin de evitar la inspección del consistorio.

Durante todo este tiempo, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos y que siempre le engañaban, y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.

Tras meses de seguimiento y acumulación de pruebas, el pasado mes de abril se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin la licencia para ejercer la actividad turística correspondiente. Y en el piso restante, vivía una inquilina de renta antigua que es quien gestionaba la recogida de llaves, así como las entradas y salidas de los alojamientos del edificio.

Esta actividad es considerada una acción “muy grave” por el consistorio, que ha dado lugar al inicio de un procedimiento sancionador con la citada propuesta de sanción de 420.000 euros, cuantía a la que se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras circunstancias agravantes reguladas por la Ley de Turismo de Cataluña.

Además, el Consistorio enviará próximamente a la Agencia Tributaria toda la información contenida en el expediente, a fin de que la propiedad responda también, en su caso, ante la Hacienda pública.

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