El Ayuntamiento de Barcelona dio el pasado martes, 4 de febrero, un ultimátum a las plataformas de alquiler vacacional para que dejen de ofertar pisos de uso turístico irregulares en sus webs, lo que implica el incumpliendo de la ley.
Tanto la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, como el concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé, se reunieron con representantes de Airbnb, HomeAway, Booking y Apartur para hacerles llegar este mensaje.
Tras el encuentro, Sanz puso de relieve los esfuerzos realizados por el Consistorio barcelonés en lo que a inspección se refiere, que se traducen en 15.814 expedientes abiertos, 6.295 órdenes de cese, 8.042 sanciones y 383 precintos dictados. A su juicio, esta labor debe ir acompañada de la corresponsabilidad de las plataformas, ya que en la actualidad se detectan incumplimientos de la normativa por parte de todas las que operan en la ciudad.
"Les hemos trasladado un mensaje de agotamiento y hemos exigido que los incumplimientos se deben terminar. No toleraremos ninguno más", agregó Sanz. Al mismo tiempo, pidieron a las plataformas que dejen de anunciar pisos que carezcan de número de licencia válido. "Nos parece una cuestión elemental y utilizaremos todas las herramientas que nos da el marco legal para garantizarlo", aseveró.
Así, enfatizó que estos sites deben ser más proactivos para eliminar la actividad de grupos organizados con prácticas mafiosas, solicitando "contundencia, compromiso, seguridad y hechos". Al mismo tiempo, señaló que deberán trabajar de forma conjunta para enfrentar los nuevos escenarios, como es la regulación del alquiler de habitaciones.
Si las plataformas no cumplen con lo estipulado y los incumplimientos de la normativa no cesan en un plazo de mes y medio, Sanz aseguró que el Ayuntamiento volverá a interponer sanciones a las plataformas. "Nosotros estamos poniendo todos los recursos que nos tocan y más, y no vemos el mismo esfuerzo por su parte", sentenció.
Por su parte, Marcé manifestó: "Hay un pacto de respeto con la ciudad y con la habitabilidad en ella. Por eso hacemos esta exigencia de cumplimiento y de evitar toda ilegalidad, porque esto también es un acuerdo de respeto para los que están trabajando dentro del marco legal". "Como administración, la obligación del Ayuntamiento no es tanto poner una amenaza sobre la mesa, sino buscar complicidades y encontrar soluciones que eviten actuaciones al margen de la legalidad de este sistema que tenemos", concluyó.
