Una nueva ciudad española se suma a poner límites a los alquileres turísticos, sobre todo, a los pertenecientes a la oferta ilegal. Esta vez se trata de Cádiz, cuyo alcalde, Bruno García, ha anunciado la firma de un bando para evitar el aumento de viviendas con fines turísticos ilegales en la conocida como ‘la Tacita de Plata’.
 


Dicho bando recoge tres medidas clave:

  • En primer lugar, se ratifica la coordinación con la Junta de Andalucía para la inadmisión de nuevas inscripciones de VUT en el Casco Histórico de la ciudad, impidiendo la presentación de la Declaración Responsable necesaria para habilitar el alta de nuevos pisos turísticos.
  • Otra de las medidas es la habilitación de un buzón de denuncias ([email protected]). El objetivo de este será que los vecinos pongan en conocimiento de la Delegación de Urbanismo el uso o la disposición de viviendas con fines turísticos con posterioridad a noviembre de 2022. Cabe recordar que en dicha fecha entró en vigor la modificación del PGOU, que deja fuera de ordenación estos pisos en el Casco Histórico y en las plantas superiores a la segunda en Extramuros.
  • Por último, según anuncian desde el Ayuntamiento gaditano, estas medidas se complementan con una campaña de inspección municipal. En este sentido, una vez que se tenga comprobado el incumplimiento de la normativa, se activarán los expedientes sancionadores en materia urbanística por el uso distinto al permitido, como una infracción grave, cuyas multas oscilan entre los 3.000 y 29.999 euros, de acuerdo con la Ley de Impulso para Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Asimismo, los hechos se pondrán en conocimiento de la Delegación correspondiente de la Junta de Andalucía, que ostenta la competencia en materia turística.