Baleares ha vivido su primer verano a pleno rendimiento turístico desde que se aprobó el decreto ley para acabar con el turismo de borrachera. Dicha normativa —que entró en vigor en enero de 2020— tiene como objetivo frenar los comportamientos incívicos en las zonas mallorquinas de Magaluf (Calvià) y Playa de Palma y Sant Antoni (Ibiza) mediante, entre otros, la limitación del consumo de alcohol en los ‘todo incluido’; sanciones a la venta descontrolada en locales de ocio o la vía pública; o la prohibición la publicidad que incita a consumir alcohol, como barras libres o los 2x1.

En uno de los principales puntos calientes, Calvià (Mallorca), se ha hecho balance de esta temporada de verano en la que, desde el 1 de julio hasta el fin de temporada, se han abierto 34 expedientes sancionadores exclusivamente respecto al Decreto de Excesos, de las que 11 derivaron en medidas cautelares, con el cierre de establecimientos —7 de ellas ya se han levantado una vez abonadas las multas—.

Lo explicó el pasado 1 de diciembre, la teniente de alcalde de Policía, Nati Francés, en una reunión del Foro del Turismo de Calvià, en el que se integran tanto los responsables municipales, como oposición, asociaciones hoteleras y empresariales y sindicatos.

Francés recalcó que, gracias al Decreto y al trabajo realizado por la Policía Local, Guardia Civil y la Comisión de Actividades, “ha mejorado mucho la situación”.
 

Las sanciones al detalle

Del total de sanciones, 11 se debían a infracciones muy graves: 8 por venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales fuera del horario permitido; 2 por prácticas denigrantes contra la mujer, y 1 por tener autodispensadores de bebidas alcohólicas sin personal de control.

El resto de expedientes han sido incoados por infracciones graves: 6 por publicidad de ofertas de bebidas alcohólicas; 8 por prácticas peligrosas (pasar de una ventana o de un balcón a otro, etc.); 3 por publicidad y comercialización de party boats; 2 por recoger o devolver clientes de party boats, y 4 a los establecimientos que no informaron de las prohibiciones expresas del Decreto ley.

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