La ignorancia lleva al ser humano a cometer verdaderas atrocidades que boicotean a su propia historia y cultura. La manía de escribir nombres con pintura en, aparentemente, simples rocas, para advertir que se ha estado en ese lugar, supone en muchas ocasiones un brutal atentado contra el patrimonio cultural.

Se trata de una acción que se repite a lo largo y ancho del territorio español. Sobre todo, en aquellas localidades donde las tradiciones y culturas de los antepasados se desarrollaban en la naturaleza. Es el caso de las Islas Canarias, donde los aborígenes, pobladores del archipiélago antes de la conquista castellana, tenían una especial relación con el entorno que les rodeaba.

Existen numerosos casos en las islas, en los que los habitantes o visitantes han mancillado el patrimonio cultural con inscripciones realizadas con pinturas u objetos punzantes. El pasado abril, sin ir más lejos, el acalde de Arona (Tenerife), José Julián Mena, denunciaba en su cuenta oficial de Facebook numerosas pintadas en el Roque de Jama, ubicado en el municipio de San Miguel de Abona. Se trata de un monumento natural que, en palabras del alcalde, era “sagrado” para los antepasados de la isla.

El pasado agosto, a su vez, el espacio protegido de Pico Partido, que forma parte del Parque Natural de los Volcanes y está situado en las proximidades del Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) fue víctima de una fechoría cometida por un turista. En concreto, el visitante destrozó una de las coladas (restos geológicos de una expulsión de lava) para construir un monolito, una práctica popular entre los foráneos.

En el mismo mes, pero del año 2017, también se halló una inscripción de una pareja de enamorados en una de las piedras de la Montaña sagrada de Tindaya, en Fuerteventura. ‘Beata… Love’, junto con la fecha 2017-06-29, era el grabado que profanaba la roca, que por el formato de la fecha se sospecha que fue escrita por turistas. 

Sin embargo, el Parlamento de Canarias ha dado un paso más allá en lo que a la protección de estos bienes se refiere, aprobando la nueva ley de Patrimonio Cultural de Canarias del 25 de abril de 2019, que reemplaza a la de 1999. 

Lo cierto, es que los grupos políticos del archipiélago celebraron la sustitución de la ley anterior, que se había quedado obsoleta, debido a que la materia objeto de regulación ha evolucionado en los últimos años, tanto desde el punto de vista del concepto de patrimonio histórico y cultural, como de los instrumentos que sirven para salvaguardarlo.

La nueva legislación tiene como objetivo establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias, para garantizar su protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento. También, su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras, para que sirva como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural.

Sanciones 

La normativa, a su vez, establece las sanciones a interponer en el caso de que se atente contra el patrimonio cultural. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 3.000 euros; las graves con multas desde 3.000 euros hasta 150.000 euros; y las muy graves oscilarán entre los 150.000 euros y los 600.000 euros. 

La tramitación y resolución de las infracciones muy graves y graves corresponderán a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras que los cabildos insulares se harán cargo de las infracciones leves. 

Otros casos

Canarias, sin embargo, no es la única comunidad española donde los bienes culturales corren peligro. En el archipiélago balear también se han registrado diferentes casos de este tipo. Por ejemplo, el pasado julio, unos vándalos dibujaron un grafiti en las murallas de Baluard del Príncep, monumento histórico del siglo XVI de la ciudad de Palma (Mallorca), declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 

Los hacedores utilizaron aerosoles llamativos sobre la superficie rocosa de este enclave, lo que dificulta poderosamente la eliminación de la pintura. El pasado septiembre, a su vez, la causa independentista de Cataluña llegó hasta Baleares, concretamente al municipio mallorquín de Llucmajor, donde una de las rocas de la Bahía de Palma, catalogada como Área Natural de Especial Interés (ANEI), apareció con una pitanda de tres lazos amarillos. 

Por acciones como esta, Patrimonio de Mallorca ha redactado un protocolo, junto con la colaboración del Consell de la isla, contra las pintadas vandálicas, que está incluido en plan de actuación contra estas acciones en el casco antiguo de la ciudad de Palma.

Asimismo, la ley del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, de 1998, es la que protege a los bienes culturales e históricos. Esta legislación contempla multas de entre 150.256 y 601.012 euros para las infracciones muy graves; así como de 60.101 a 150.253 euros para las graves; y de 601 a 60.101 euros para las leves. 

Cabe destacar que recientemente el Parlament aprobó la normativa de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Baleares, que protege los "usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas vinculados a bienes inmateriales", así como los da a conocer, fomenta, divulga e investiga. En concreto, la normativa salvaguarda la cultura popular y tradicional de las islas. 

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