La Consejería de Turismo y Empleo de Canarias ha respondido firmemente al informe elaborado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que cuestiona la futura ley de viviendas vacacionales en Canarias.

"Entendemos que el mercado es importante, pero para el Gobierno, las personas lo son aún más", ha aseverado la consejera Jessica de León. Ante los medios ha recalcado que este no es el primer informe de estas características que emite la entidad, que inició un proceso judicial contra normativas similares en Madrid, Bilbao y San Sebastián, que fueron ratificadas por sentencias del Tribunal Supremo; y se ha pronunciado en idénticos términos a los usados con la normativa canaria con respecto al Decreto-Ley de Cataluña —recientemente refrendado por el Tribunal Constitucional—.

"El informe tiene una serie de cuestiones con las que la Consejería nunca va a estar de acuerdo", ha remarcado De León. Estos aspectos son:

  • Viviendas de Protección Oficial: “No estamos de acuerdo en que las VPO tengan que formar parte del mercado turístico".
  • Espacios protegidos: "No estamos de acuerdo en que las viviendas se puedan comercializar en espacios naturales protegidos, entre otras cosas, porque nuestra Ley 4/2017 así lo decreta".
  • Zonas sobretensionadas: "La CNMC dice que aunque esté sobrecargada el mercado y una zona esté, de forma demostrada, sobretensionada en lo que respecta al precio de alquileres, aun así deberíamos dar licencias de alquiler vacacional", un planteamiento con el que tampoco coinciden.
  • Locales comerciales: También se opone a la recomendación de permitir la actividad en locales comerciales reconvertidos.
  • Accesibilidad: Asimismo, Competencia propone crear excepciones para el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad "en caso de imposibilidad técnica o coste desproporcionado", algo que desde el Gobierno de Canarias considera "no negociable".

La consejera ha aclarado que el informe fue solicitado de manera voluntaria y que no tiene carácter vinculante. 

Por último, ha comentado que, con la normativa vigente, 1,1 millones de viviendas son susceptibles de ser comercializadas turísticamente, y que el objetivo de la nueva ley es reducir esta cantidad al 10%.