El Parlamento de Canarias ha aprobado en su sesión plenaria de este miércoles, 23 de octubre, debatir sobre la Proposición de Ley (PPL) para que se incluya la obligatoriedad de camas elevables en los hoteles en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
La cámara legislativa actúa en paralelo al Gobierno de Canarias, que espera los resultados del primer estudio de riesgos ergonómicos y psicosociales de los trabajadores del sector hotelero para identificar e implantar las medidas para mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad, que se incluirían en una modificación del decreto 142/2010 de estándares de los hoteles.
La PPL propuesta en el Parlamento plantea que la obligatoriedad de las camas elevables se implemente de forma progresiva entre 2025 y 2029. También incluirá el procedimiento de sanción en caso de incumplimiento, así como que se desarrolle un sistema de subvenciones para que los complejos alojativos con menos de 50 habitaciones puedan adquirir estas camas.
Gustavo Santana, parlamentario del Grupo Socialista —impulsor de la PPL— ha defendido que la obligatoriedad de las camas tiene “un perfecto encaje” en la citada Ley y equiparó este requisito a otro que ya aparece en la ley. “Se obliga a los establecimientos turísticos a tener una hoja de reclamaciones. ¿Por qué no obligarles a tener las camas elevables?”, aseveró en su intervención. Asimismo, recalcó que las Islas Baleares ya tienen esta misma exigencia en su normativa autonómica y “no han sufrido ningún tipo de recurso de inconstitucionalidad o inseguridad jurídica”.
Los diputados Raúl Acosta (Agrupación Herreña Independiente) y Jesús Ramos Chinea (Agrupación Socialista Gomera) apoyaron la iniciativa, pero hicieron hincapié en que la vía del Decreto, propuesta por el Gobierno, sería más rápida. Algo que también defendió David Morales (PP).
Mario Cabrera, de Coalición Canaria, partido que lidera el pacto de Gobierno, también ha apoyado la Proposición, pero ha reprochado a los socialistas que “no hicieron nada” durante la anterior Legislatura y que ahora pierden la paciencia por esperar ocho meses al citado informe de riesgos ergonómicos. “Hace cuatro años tuvimos la oportunidad de hacerlo y no se hizo”, ha recalcado. También ha puesto en valor el trabajo hecho en este sentido desde la actual Consejería de Turismo y Empleo.
