El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de traspaso de las competencias en materia de Costas, a Canarias. Tras cerrarse el pasado mes de julio el acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno Central, finalmente se hace efectivo el trasvase de funciones y servicios, siendo la Administración canaria la que comenzará a gestionar las políticas ligadas al litoral de su Archipiélago, a partir del 1 de enero de 2023.  

Este nuevo estatus político-jurídico permitirá el autogobierno a la hora de ordenar los más de 1.500 kilómetros de costa, gozando Canarias de plenas competencias en lo que se refiere a construcción, asignación de playas, autorizaciones de ocupación del espacio marítimo-terrestre, permisos de actividades de riesgo o de licitación para la concesión de servicios, todos ellos aspectos de suma importancia para la gestión y el desarrollo turístico de la región.
 

La transferencia no será total, ya que el Estado se guarda algunas de las responsabilidades ejercidas hasta ahora, como la capacidad de emitir informes vinculantes a la hora de tomar decisiones que puedan afectar al interés general o fijar precios en el presupuesto destinado a la protección del dominio público hidráulico. Al mismo tiempo, ambas administraciones se comprometen a coordinar tareas sobre la construcción de nuevos puertos o vías de transporte.
 

Ahora será el ejecutivo regional el que lidie con las demandas

Con este acuerdo Estado-Canarias, se satisface una antigua demanda de la región que llevaba pendiente de resolverse desde 2019, ya que la transferencia de competencias se estableció en la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobada en noviembre de 2018. Tras años de declaraciones del sector turístico y del propio Gobierno Canario sobre la ineficiencia de la gestión estatal en materia de Costas, ahora será el ejecutivo regional el que lidie con las demandas de ambientalistas, hoteleros, ciudadanos o partidos políticos.

Y es que las decisiones tomadas por el departamento de Costas tienen una gran relevancia en Canarias, debido a su extenso litoral y su gran infraestructura turística. Desde Tourinews se recogieron varias noticias en las que el Gobierno Central fue criticado por sus políticas de Costas:

• La Dirección General de Costas clausuró en pleno mes de agosto de 2018 los chiringuitos, kioscos y escuelas de surf de las playas de los municipios de Arona y Adeje (Tenerife). El por entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, respondió a esta cuestión argumentando que Canarias gestionaría mejor el litoral y añadió: "Costas ha invertido muy poco en Canarias en los últimos años". 
• Los chiringuitos ubicados en Maspalomas (Gran Canaria) han tardado más de 20 años en ser renovados. Marco Aurelio Pérez, alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana en 2019, explicó que los 437.000 euros que imponía Costas para la instalación de los establecimientos era “una cantidad desproporcionada”.
• José María Mañaricúa, presidente de FEHT, comentó que la Demarcación de Costas tenía un “Empecinamiento contra el turismo en Canarias”. Puso como ejemplos la apertura de expedientes sancionadores al Hotel Riu Oliva Beach y al Hotel Riu Palace Tres Islas (ambos ubicados en Fuerteventura) o la modificación de deslindes que afectan a proyectos en Arguineguín (Gran Canaria) o Playa Blanca (Lanzarote).
• Una nueva delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre provocaría el cierre de la empresa Camello Safari Dunas. Se eliminarían así miles de paseos turísticos en camello y se sacrificarían 150 animales. 

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