La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado que impugnará las normativas urbanísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián que pretenden regular las viviendas turísticas.

La entidad ha asegurado que pidió a los tres ayuntamientos que modificaran los aspectos más problemáticos de sus regulaciones para evitar la interposición del recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, explican que “al no haber sido contestados satisfactoriamente” han presentado el citado recurso ante los tribunales.

La CNMC considera que los ayuntamientos vulneran “la competencia” perjudicando a consumidores y usuarios.

adrid ha acordado exigir una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas (aquellos que se alquilen durante un período superior a 89 días). Asimismo, establece un período mínimo de un año, ampliable a otro, para otorgar nuevas licencias en algunos distritos como el Centro. Es decir, impone una suerte de moratoria a la aparición de nuevas viviendas turísticas.

En lo que se refiere a Bilbao, sólo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, se exige autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas. También se incluyen otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y limitación a edificios de uso residencial.

En el caso de San Sebastián, la normativa limita también las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la normativa prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.

El organismo regulador independiente critica los intereses que han llevado a la implantación de esas normas: "En ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos".

Según Competencia, todas estas medidas tienen “efectos restrictivos sobre la competencia” y es que impiden “la entrada de nuevos operadores” beneficiando la consolidación de los que actualmente ya están instalados. Asimismo, el organismo destaca que las medidas restrictivas de los consistorios llevarán a “precios más elevados en el alojamiento turístico” y a una inferior calidad, inversión e innovación.

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