El martes 22 de diciembre, el Congreso de los Diputados ha constituido la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair del 20 de agosto de 2008. Dicho accidente se produjo cuando este despegaba del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Gran Canaria. Una vez en el aire, el avión cayó y explotó dejando 154 víctimas mortales y 18 supervivientes.
Dicha Comisión, presidida por la diputada María del Carmen Pita Cárdenes, tendrá como objetivo retomar la investigación sobre las causas y las responsabilidades del accidente del mencionado vuelo, además de “extraer conocimientos y recomendaciones para prevenir futuras tragedias”, han indicado desde el Congreso de los Diputados. La Comisión tendrá un plazo de dos meses para llevar sus conclusiones al Pleno del Congreso, que las valorará y someterá a votación.
Cronología de la investigación
- La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) emitió en julio de 2011 un informe en el que achacaba el siniestro a un fallo técnico la causa del siniestro y no incidía en responsabilidades externas.
- La Asociación de Víctimas del Vuelo JK-5022 rechazó dichas conclusiones, tildando el informe de "ofensivo, parcial e incompleto". Recogió 70.000 firmas para que se abriese una Comisión de Investigación en el Congreso.
- La Comisión de Investigación se constituyó por primera vez en abril de 2018.
- Con los sucesivos procesos electorales (abril y diciembre de 2019) y la previa disolución de las cámaras, se acabó sin conclusiones.
- En abril de 2020 el Congreso aprobó reabrir la Comisión de Investigación.
- Ahora, en diciembre de 2020, se ha constituido
Batalla judicial en la Unión Europea
Esta no es la única noticia con respecto al accidente que se ha producido este mes. El pasado día 2, el Tribunal Supremo dictó una sentencia mediante la cual obliga a la compañía aseguradora Mapfre a indemnizar con más de un millón de euros (más los intereses) a 18 familiares de algunas de las víctimas del accidente.
Dicha cantidad se basa en los baremos de accidentes de tráfico y a las que se suma un 50% adicional además de los intereses. Este criterio no es aceptado por la Asociación de víctimas que ha llevado el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solicitando que se aplique a la hora de establecer las indemnizaciones la normativa comunitaria en accidentes aéreos, que prevé cuantías mayores. Alegan que se ha vulnerado el principio de primacía del derecho de la UE.
