Regular sobre el alquiler vacacional es difícil. Se trata de un hecho que se ha constatado en los diferentes destinos eminentemente turísticos en los que las autoridades han intentando poner orden a esta actividad de antigua implantación pero reciente auge.
El tira y afloja entre patronales hoteleras, asociaciones de alquiler turístico, residentes, instituciones y colectivos varios ha dado lugar a diferentes soluciones que, sin excepción, han generado controversia en Baleares, Madrid, Valencia o Barcelona. Ahora el turno le llegó a Canarias, cuyo gobierno autonómico presentó el pasado mes de mayo el borrador del Decreto que regula el alquiler vacacional en el archipiélago.
El borrador, del que quedan eximidas las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, prohíbe la vivienda vacacional en las áreas rurales y agrícolas, en edificios de obra nueva y en las zonas turísticas, aunque sea suelo de uso residencial. Éste último es, sin duda, el punto más controvertido de esta normativa, que está en fase de consulta y alegaciones.
Y es que la recepción de la nueva regulación ha sido, cuanto menos, poco entusiasta entre los actores implicados. Obviamente, existen matices diferenciales entre las posiciones de las diferentes patronales y colectivos: mientras que algunos rechazan el Decreto de lleno, otros apuestan por la presentación de alegaciones y un tercer grupo lo recibe con interés.
Veamos de una forma esquemática el posicionamiento de las entidades:
Cada uno de los opositores esgrime distintos motivos. Por ejemplo, los alcaldes de los municipios pertenecientes a la AMTC, Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Pájara (7,8 millones de turistas, 250.000 camas y más de 65 millones de pernoctaciones) consideran que el problema es que se liga la implantación de viviendas vacacionales a los planteamientos urbanísticos. Consideran que son herramientas de largo recorrido y su modificación requiere entre cuatro y cinco años.
Por su parte, otras agrupaciones como la AECP consideran que el proyecto bloquea la rehabilitación de apartamentos. Desde Fuerteventura y Lanzarote muestran su descontento con respecto a las villas, que según la normativa no podrán registrarse como viviendas vacacionales, y la FECAM insiste en que con la medida no se frenará la escalada en los precios de los alquileres de los municipios limítrofes a las zonas turísticas.
Este pequeño resumen es sólo un ejemplo de la gran diversidad de posturas existentes actualmente y del reto titánico al que tendrá que hacer frente el Gobierno de Canarias si quiere que el Decreto sea considerado un éxito.
