La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias hizo entrega del nuevo decreto del alquiler vacacional a los siete cabildos insulares y a los 88 ayuntamientos de la comunidad autónoma, que podrán ahora estudiar la regulación y presentar sus propuestas y alegaciones.
El pasado martes 26 de noviembre tuvo lugar el acto de entrega en el que la que administraciones estuvieron representadas por las asociaciones por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (FECAI). En él estuvieron también presentes Isaac Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deportes; Cristóbal de la Rosa, viceconsejero de Turismo; y Candelaria Umpiérrez, directora general de Ordenación Turística, que explicaron que también presentarán la normativa a las diferentes asociaciones turísticas de la comunidad autónoma como la FEHT, Ascav, Ashotel, Asofuer, Asolan y Excelfuer, entre otras.
Isaac Castellano, Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias
Las novedades del decreto
En un comunicado desde la Consejería de Turismo explican que la modificación de este decreto se adapta a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2018 y enero de 2019.
La norma contempla que hasta que no se adapten los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, se podrán aprobar ordenanzas insulares y municipales que regulen estos aspectos de la implantación de esta modalidad alojativa.
Entre otras novedades, se prohíbe alquilar las viviendas protegidas, se refuerzan los requisitos generales para poder destinar una residencia a vivienda vacacional, se exige a las plataformas digitales la publicación del número de inscripción en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias que se haya asignado y se establece la necesidad de que las personas explotadoras de viviendas vacacionales integradas en edificaciones sometidas a régimen de propiedad horizontal pongan a disposición de la comunidad de propietarios un número de teléfono de atención, en horario 24 horas, a fin de poder comunicar incidencias que se puedan producir y que les afecten.
Se plantea asimismo la necesidad de que, en caso de contratarse personal, se deberán cumplir las normas laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales aplicables a los trabajadores, así como el convenio colectivo que sea de aplicación.
La modificación del decreto propone además determinados parámetros que pueden ser utilizados en la planificación insular para fijar estándares territoriales en la implantación de la vivienda vacacional, como la superficie relativa de suelo destinado a uso turístico y a uso residencial, la suficiencia de las infraestructuras, la distribución equilibrada de los usos, el impacto en los equipamientos, los impactos en la sostenibilidad ambiental, social, económica y referidos al territorio, las densidades de población y los ratios de viviendas públicas.
Viviendas Vacacionales
"No se quiere demonizar el alquiler vacacional"
“El objetivo de la norma es proporcionar las herramientas necesarias para que las administraciones locales puedan evitar distorsiones en el mercado del alquiler en sus respectivas islas y municipios”, explicó Isaac Castellano, quien añadió: “La voluntad del Gobierno de Canarias es garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y ciudadanas de las Islas, sin por ello demonizar el alquiler vacacional, que se ha comprobado que es un sector que, cuando cumple los requisitos legales y de calidad, impulsa la recaudación de impuestos y la contratación laboral”.
En la misma línea se manifestó el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, quien explicó que “corresponde al Gobierno de Canarias mejorar la ordenación de la actividad turística, en este caso del alquiler de viviendas para uso turístico, fijar las condiciones que se consideren imprescindibles para que se realice con calidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos del turista, de quien alquila la vivienda, de los residentes de la zona y de la sociedad en su conjunto”. De la Rosa añadió que “es preciso enfatizar que la ordenación turística no puede comprenderse al margen de la planificación del territorio y del urbanismo, competencias estas últimas de cabildos y ayuntamientos, respectivamente”
Por su parte, la directora general de Ordenación Turística, Candelaria Umpiérrez, aseguró que otro de los objetivos irrenunciables es que no se fomente la competencia desleal: “Queremos que las plataformas digitales se hagan responsables de la veracidad de la información que ofrecen y que no cedan su espacio a viviendas que no cumplan los requisitos legales y de calidad”.
