El Cabildo de Gran Canaria tiene ideado desarrollar una línea de tren que una la capital, Las Palmas de Gran Canaria con los principales núcleos turísticos, ubicados en el sur de la isla.
El proyecto, declarado de interés insular y con un coste de 1.650 millones de euros (se pretende obtener financiación de Plan de Recuperación para Europa de la UE), pretende poner fin a los problemas de movilidad y transporte que presenta la isla desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana), un destino que anualmente registra con 17,1 millones de pernoctaciones turísticas, solo tras Madrid y Barcelona.
La línea proyectada tendría 57,8 kilómetros de longitud y contaría con 11 paradas a lo largo de su recorrido, empezando en la Estación de Santa Catalina, al norte, pasando por el Aeropuerto y culminando en la citada Maspalomas, más concretamente en la zona denominada Meloneras. Todo en un tiempo estimado de 35 minutos.
Si bien desde la entidad insular defienden que el proyecto va a suponer un beneficio para la movilidad de residentes y turistas, además de incentivar el empleo de alta cualificación, desde el Grupo de Investigación en Economía de Infraestructura, Transporte y Turismo (EITT) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria minimizan el impacto positivo del tren.
En un seminario celebrado el martes 29 de junio titulado “Evaluación socioeconómica del proyecto del tren Gran Canaria”, compartieron las conclusiones de un estudio sobre la viabilidad del citado tren, concluyendo, según recoge Canarias 7, que “no es rentable ni para la sociedad ni para el futuro operador del tren”.
Tras una encuesta entre 500 personas determinan que la demanda sería entre un 50 y un 75% inferior a lo estimado originalmente en el proyecto. Teniendo en cuenta el reajuste de demanda, el tren no sería rentable en cuanto a coste-beneficio. Para llegar a esta conclusión han tenido en cuenta los trayectos intermedios, los trasbordos y la distribución de viajes en las horas pico y valle; así como el impacto en ingresos que el tren generaría en las empresas de transporte que operan actualmente y en la recaudación de impuestos.