La Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados ha paralizado, de momento, la segunda tanda de privatizaciones que el Gobierno tenía previsto lanzar para ceder a empresas privadas la gestión de las torres de control de siete de los mayores aeropuertos del país: Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife (Sur y Norte), Bilbao y Santiago de Compostela.
La proposición no de ley (PNL) elaborada por ERC, BNG y EH-Bildu, con el apoyo del propio PSOE, ha detenido la orden ministerial emitida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el pasado 9 de febrero, y se ha acordado abrir un proceso de revisión del texto.
Desde el sindicato mayoritario de los controladores, USCA, han celebrado este acontecimiento, considerando que se ha dado "un paso muy importante en el camino al mantenimiento de las torres de control dentro del sistema público”.
Hemiciclo del Congreso de los Diputados | Foto: Moncloa/Fernando Calvo
Privatizar un servicio público de seguridad, un “sinsentido”
Tal y como ha señalado Daniel Zamit, portavoz de USCA, en una entrevista en COPE, los controladores aéreos no entienden cómo el Gobierno quiere continuar privatizando un servicio público que es rentable al Estado y que se encarga de supervisar la seguridad en el transporte aéreo de pasajeros, aunque la patronal de las líneas aéreas, ALA, haya mostrado su total apoyo a la iniciativa gubernamental para "ganar en eficiencia" y "mejorar la calidad del servicio sin comprometer la seguridad".
“No lo entendemos porque son todas torres muy rentables que producen unos ingresos muy sustanciosos. No entendemos que un servicio público, que se presta con fuertes condiciones de seguridad y que produce un gran beneficio al Estado, se le acabe regalando a una empresa privada como ha estado pasando estos años con Ferrovial. Luego estas empresas se llevan a otro país ese beneficio que han obtenido, no solo prestando la actividad de un servicio de control privado explotando a sus trabajadores, sino en otra serie de obra pública y de inversiones públicas que les hemos dado todos para que luego se vayan”, ha criticado el portavoz de USCA.
Huelga de controladores aéreos
El conflicto de los controladores aéreos de las torres privatizadas operadas por Serveo/Skyway (antigua FerroNATS) y Saerco se ha traducido en una huelga que lleva más de un mes en marcha por el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. “Esas licitaciones entre las empresas privadas han ido a la baja estos años para obtener cuantos más aeropuertos mejor. Esas licitaciones a la baja se han traducido en peores condiciones para los controladores privados, que llevan en huelga más de un mes porque hace dos años que estas empresas no son capaces de firmar un convenio con ellos y, de hecho, una de ellas, Ferrovial, se ha ido de España y actualmente pertenece en un 75% al fondo buitre Portobello”, explica Zamit.
¿Queremos dejar en manos de un fondo buitre el servicio de control aéreo en un país en el que el 90% del turismo entra por avión?", se preguntan en USCA
“¿Queremos dejar en manos de un fondo buitre un servicio de control aéreo en un país en el que el 90% del turismo entra por avión?”, se pregunta el portavoz de los controladores aéreos, que considera un riesgo que una empresa privada gestiones la seguridad aérea de un país, cuando “el día de mañana puede ser comprada por otra empresa cualquiera”.
La mejora para los pasajeros, una “mentira”
Otro de los puntos conflictivos, considerado una “mentira” por USCA, es que la liberalización de las torres de control haya traído consigo mejores condiciones para aerolíneas y pasajeros. “Se vende como una mejora para las compañías y para los pasajeros, pero es mentira. El propio informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que basan todo esto, lo que dice es que no solo no han bajado las tasas, sino que en los aeropuertos privatizados las tarifas han subido un 4,4% desde 2012”, asegura Zamit.
Lo que hay es un traslado del beneficio de una empresa pública a empresas privadas", critica Zamit
“Que es una mejora para el pasajero es una falacia, lo que hay es un traslado del beneficio de una empresa pública a empresas privadas. El dividendo que reparte Aena es una barbaridad y, si ese dividendo todavía fuera estatal, se traduciría en unos ingresos muy sustanciosos para el estado”, concluye el portavoz de USCA.
