Destinos
"Sesgado y anticuado": La patronal del alquiler vacacional arremete contra Exceltur
La informe de la discordia de Exceltur defiende que los alquileres turísticos "encarecen la vivienda y promueven la expulsión de los residentes"
La Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) ha criticado el último estudio publicado por Exceltur (Proyecto ReviTUR), que reclamaba al Gobierno regular la vivienda turística por decreto-ley para "ordenar el resurgir de un crecimiento descontrolado, evitando sus efectos adversos sobre la identidad y convivencia en los barrios". FEVITUR ha cuestionado así la representatividad de Exceltur, al que acusa de compartir un informe "sesgado".
“Es inaudito que las fuentes empleadas sean indirectas, con un margen de error desconocido y una metodología más que cuestionable”, afirmó la patronal de viviendas vacacionales, que acusa a Exceltur de estar "al servicio de los intereses de unas grandes cadenas hoteleras españolas, en detrimento del conjunto del sector turístico". Estas empresas, para FEVITUR, deberían evolucionar y aprender de los hoteles que están incorporando la oferta de viviendas y apartamentos turísticos, como sería el caso de Marriott o Accord.
El presidente de FEVITUR, Miguel Ángel Sotillos, defiende la profesionalidad del sector y de los socios de la patronal: “Somos empresas que compartimos los mismos problemas que cualquier empresa dedicada al turismo. Los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos regulan nuestra actividad, exactamente igual que lo hacen con los hoteles. Tenemos empleados y pagamos impuestos, como también lo hacen ellos”.
"Sesgado y anticuado": La patronal del alquiler vacacional arremete contra Exceltur
Exceltur
La publicación de la discordia sostiene que los alquileres turísticos "encarecen la vivienda, deterioran la convivencia de las comunidades de vecinos y promueven la expulsión de sus residentes", al mismo tiempo que defiende el bajo impacto económico que generan las viviendas turísticas sobre las ciudades.
Asimismo, señala las dificultades y falta de medios que sufren los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para hacer cumplir sus normativas, exigiendo al Gobierno el desarrollo de un marco legislativo básico de las viviendas de uso turístico a nivel nacional, que establezca un marco estable de derechos y deberes en los contratos.
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