Jorge Marichal, presidente de Ashotel          

Los hoteleros de Tenerife nos hemos visto sometidos este verano a una situación de acoso y derribo por parte de los "claim farmers" (recolectores de quejas), a los que hemos denominado coloquial y mediáticamente "abogados piratas", bufetes móviles de juristas británicos apostados en las cercanías de nuestros hoteles y que han actuado con total impunidad al incitar a nuestros turistas a ponernos falsas reclamaciones "que presentan en Reino Unido y bajo legislación inglesa" por supuestas intoxicaciones alimentarias. Les ofrecen la posibilidad de ganar apetitosas indemnizaciones que les reportarán unas vacaciones gratis y les garantizan que no cobran si no ganan la demanda. Por situar algunos datos, en Ashotel hemos recibido las quejas de 12 establecimientos asociados a los que se les han interpuesto 150 reclamaciones que oscilan entre los 3.500 y 5.500 euros cada una.

Nuestra reacción no se ha hecho esperar y, viendo que nuestros colegas en Baleares, Benidorm o Costa del Sol vivían una situación similar, hemos trasladado esta preocupación a nuestra Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que se ha puesto manos a la obra. Tras las averiguaciones iniciales en las que nos preguntábamos por qué estas prácticas fraudulentas que realmente no son nuevas pero cuyo incremento exponencial se ha visto favorecido por internet, las redes sociales y, sobre todo, por un reciente cambio de legislación británica que facilita la interposición de estas demandas, fueron varias las acciones emprendidas. Entre ellas, un primer encuentro en Londres el pasado 4 de octubre, en la que el secretario general de la Confederación, Ramón Estalella, expuso esta situación a representantes de los principales turoperadores, de la Embajada Española en Londres y de las Oficinas Españolas de Turismo (OET) en la capital británica. Este primer encuentro fue sucedido por una segunda reunión en Madrid, el 17 de octubre, en el que el presidente de la CEHAT, Juan Molas, ahondó en esta circunstancia con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y a la que se sumaron también las OET y otros agentes implicados.

Más allá de las negociaciones emprendidas para detener esta más que probable estafa organizada, los hoteleros españoles debemos unirnos y no cruzarnos de brazos a la espera de que "papá CEHAT" nos resuelva el problema. Debemos apoyar sin fisuras la acción de nuestra patronal nacional, pero podemos ampliar nuestro margen de acción y contribuir de forma clara y decidida a erradicar, o minimizar al menos, los efectos dañinos de esta práctica pirata.

Está en cada de uno de nosotros ejercer la responsabilidad de firmar contratos con los turoperadores, así que escudriñemos hasta la última letra de esos documentos y exijamos a nuestros interlocutores dirimir posibles discrepancias a través de la legislación española y no la británica, como ha venido sucediendo hasta ahora. Al fin y al cabo es en España donde se desarrolla la actividad de la que venimos hablando.

Vivimos un momento dulce para el turismo y nuestra posición como empresarios hoteleros está reforzada. ¡Aprovechémosla! Por ello creo que es el momento de no callarnos, de reclamar lo que consideramos justo. Eso no tiene que ver con establecer pugnas con los operadores, en absoluto, pero sí con situarnos de igual a igual para cerrar los mejores contratos posibles para ambas partes, porque el turismo, la principal industria española y el verdadero motor económico de Canarias, es un negocio con el que ganamos todos: empresarios, turistas y la sociedad en general. Unámonos y seguiremos siendo, una vez más, líderes en lo nuestro.