Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, respaldó este jueves la decisión del Cabildo de Tenerife de imponer una tasa para acceder al barranco de Masca, medida que busca evitar la masificación de las visitas y conservar el paraje natural. “Me parece muy acertado y necesario, además de un ejemplo de lo que deben hacer los siete cabildos de Canarias para preservar los lugares de interés y controlar las capacidades de carga de los espacios de especial sensibilidad”, explicó en el Parlamento canario, en contestación a una pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes.
De León aseguró que su Departamento es partidario de aplicar esta clase de aranceles en aquellos espacios que padezcan una elevada carga de turistas. “Creemos absolutamente necesario gestionar los recursos y el paisaje, regulando los accesos, limitando las visitas y estableciendo las correspondientes tasas por la prestación de los servicios turísticos”, aseguró.
La consejera descarta un impuesto a la pernoctación del que no podrían exceptuar a los residentes canarios
Además, apuntó que los ingresos generados por la aplicación de esta tasa —se cobrará 28 euros por adulto no residente—, tienen un carácter finalista, pues servirán para la protección y promoción del barranco, además de permitir la trazabilidad del destino y la generación de empleo en dicho espacio.
Sin embargo, la consejera quiso distinguir entre esta tasa por prestación de servicios de otras erróneamente denominadas también ecotasas, y que son en realidad “un impuesto a la pernoctación del que no podríamos exceptuar a los residentes canarios —sobre la base de la jurisprudencia—, y que no tiene un carácter finalista, por lo que se difuminaría en los presupuestos generales de esta Comunidad”.
En relación con el precio, la consejera manifestó que no les “parece que resulte de especial impacto para la ciudadanía de Canarias y, además, contribuye a generar la idea del respeto por el territorio y no ha supuesto, en otros lugares donde ya se aplica —como en el caso de Lanzarote—, ningún freno ni protesta por parte de la ciudadanía”.
Para De León, el único modelo de ecotasa que defiende su departamento “es el que revierta directamente en el entorno y en el empleo y responde mejor a los objetivos de sostenibilidad que perseguimos, tiene evidentes beneficios para la población y entidades locales afectadas por el uso de sus espacios, y, por último, por la generación de fiscalidad para el territorio y de empleo de las mismas zonas”.
