El Gobierno de Canarias ha puesto freno parcialmente a la estrategia del Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) de sancionar a todos los establecimientos que incumplen la legislación turística al alojar inmigrantes. En este sentido, el ejecutivo regional ha reforzado la normativa, concretamente para que no se pueda desalojar de dichos establecimientos a los conocidos como menores extranjeros no acompañados (MENA).

El ultimátum de Mogán

El Ayuntamiento de Mogán, municipio turístico ubicado en el sur de Gran Canaria, anunció que el 4 de enero de 2021 iniciaría las inspecciones de establecimientos hoteleros para comprobar si aún acogen a migrantes. Onalia Bueno, alcaldesa del municipio estableció el 31 de diciembre como fecha límite para que los inmigrantes fuesen reubicados por el Gobierno y trasladados fuera de las zonas turísticas.

Desde el consistorio sostienen que estos alojamientos incumplen la legislación turística y urbanística, realizando un uso diferente del que les compete y que, por tanto, se pueden enfrentar a sanciones de hasta 300.000 euros basándonos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, cuyo artículo 372 apunta que es infracción grave:

• b) La implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de intervención administrativa habilitantes que correspondan e incompatibles con la ordenación aplicable.
   

El Gobierno de Canarias limita la actuación de Mogán

El Gobierno de Canarias aprobó, antes de finalizar el año, el DECRETO ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados (MENA).

En dicha normativa establece que “de manera coyuntural” por razones de “emergencia social de alta demanda de acogida de personas menores”, la Administración competente podrá autorizar como centros de acogida inmediata “albergues juveniles, residencias de estudiantes, establecimientos turísticos alojativos u otros establecimientos residenciales de uso colectivo similar”.
 

Asimismo, incluye una disposición derogatoria única que establece que “quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto ley”. Esto significa que el nuevo decreto ley no impide las sanciones por acoger a inmigrantes adultos, pero en lo que respecta a menores, no se podrán aplicar las multas establecidas por la citada ley autonómica del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos en la que basa su estrategia Mogán.

Actualmente hay cerca de 500 menores en tres complejos hoteleros zonas turísticas de Gran Canaria.

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