El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha entregado al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, un archivo digital con todos los datos de los pisos turísticos que operan en plataformas digitales sin tener licencia. Así, el Ministerio ha cifrado en 7.000 los pisos que se publicitan de forma fraudulenta en estas plataformas digitales en las Islas Baleares.

Este intercambio de información se ha producido en un encuentro que ha tenido lugar en la Isla Blanca, a la que el ministro ha viajado para conocer de primera mano el pionero Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo impulsado por el Consell. En cuanto al archivo digital, se trata, según lo ha calificado el ministro, de “un recurso muy valioso para aquellas administraciones que tienen voluntad política para abordar este problema y hacerle frente”.

Durante la reunión, se ha analizado el problema de la oferta ilegal de viviendas, diferenciándola de la oferta legal. Ambos políticos han coincidido en que se trata de una situación que requiere una respuesta coordinada por parte de las administraciones debido a las consecuencias que genera en el mercado del alquiler residencial, los graves efectos sobre la convivencia turística, sobre la explotación de los recursos, y que perjudica a la imagen del sector profesional de las viviendas turísticas legales.
 


Por su parte, Marí ha explicado al ministro que desde el Consell llevan más de cinco años trabajando contra la oferta ilegal a través de la Oficina creada específicamente para combatirla y ha expuesto los avances que se han logrado con diferentes iniciativas. Entre ellas, el presidente insular ha destacado el registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos, los acuerdos con Airbnb y con los ayuntamientos, así como la creación de la Mesa de Intrusismo, que se presentará oficialmente en las próximas semanas y estará integrada por administraciones públicas, el tejido económico de la isla y las principales plataformas digitales de alojamiento turístico.

Todas estas medidas van encaminadas, ha dicho Marí, a conseguir que las viviendas que ahora se alquilan de manera fraudulenta “dejen esta actividad y salgan al mercado residencial, contribuyendo a mejorar el problema de acceso a la vivienda que padece la isla actualmente”, así como a beneficiar a la calidad y la imagen de la oferta turística de Ibiza.

“Hoy asistimos a un ejemplo de cooperación y coordinación entre administraciones, hoy damos una invitación a otras administraciones para que tomen en cuenta este problema, como hace Ibiza, y actúen para mejorar la vida de la ciudadanía”, ha concluido el ministro Bustinduy tras el encuentro.

El Plan de Choque contra el Intrsusimo, impulsado por el Consell Insular de Eivissa, cuenta con una financiación de 22 millones de euros en los próximos tres años, procedentes de la aportación del Impuesto de Turismo Sostenible.