El Consell de Ibiza quiere implicar a los propietarios de viviendas en la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Dentro del marco del nuevo Plan de Inspección Turística, aprobado del pasado martes, la autoridad insular ha decidido adoptar como medida en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, que los propietarios actúen como inspectores, es decir, que persigan a los inquilinos que subarrienden la vivienda o habitaciones de la misma a turistas.

Por su parte, desde la institución insular pondrán a disposición de los propietarios las actas de inspección del Consell por si deben iniciar acciones legales contra el inquilino y poner en marcha el procedimiento de desahucio. Así, el consejero de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha incidido en que la colaboración de los propietarios es “fundamental” para que se pueda buscar a los ilegales que subarrienden viviendas turísticas de forma fraudulenta.

“Lo que queremos es que los propietarios se preocupen y también se ocupen de conocer qué está pasando con su inquilino, si este se dedica a alquiler turístico ilegal subarrendando la vivienda”, ha explicado Juan. Por tanto, el propietario tendrá el deber informar y denunciar, así como colaborar en la labor inspectora. “Lo contrario, es obstaculizar el trabajo de los inspectores y puede suponer sanciones administrativas”, ha añadido. Se trata de una infracción que puede alcanzar los 40.000 euros en multas.

La medida ya ha generado debate
 

Como prácticamente todas las medidas contra el alquiler turístico, esta también ha generado debate. En este caso, la controversia ha surgido a raíz de una publicación en LinkedIn del director de Lucha contra el Intrusismo del propio Consell de Ibiza, Enrique Gómez, encabezada con la frase: “El propietario de la vivienda no puede desentenderse de lo que ocurre con ella”.

El primero en mostrarse contrario ha sido Javier Valentín, experto en derecho turístico, vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) quien duda de que la medida “sea acorde al principio de culpabilidad que rige en el derecho administrativo sancionador”.

Por su parte, Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), o Miguel Ángel Muñoz Cobo, profesional del Real Estate, también han expuesto argumentos contrarios como que la medida “es delegar bajo coacción una responsabilidad que es de la administración”.

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