Cuando las autoridades de la industria turística, tanto públicas como del sector privado, han advertido en numerosas ocasiones de que el principal problema del alquiler vacacional es la oferta ilegal, contra la cual hay que luchar, parece que llevaban razón. Solo en la isla de Mallorca, de las 43.426 viviendas de alquiler turístico que se anuncian a través de diferentes plataformas, más de la mitad (23.030) son sospechosas de fraude o se han detectado indicios de anuncio fraudulento.

Así lo ha determinado un estudio realizado por Talk&Code, una empresa catalana contratada por el propio Consell de Mallorca, con el objetivo de monitorizar en tiempo real la oferta —tanto legal como ilegal— existente actualmente en la Isla. Los datos conseguidos por la misma son demoledores: solo se han detectado 10.710 licencias oficiales.
 


Pero obviamente, no solo basta con obtener los datos y, por ello, durante la presentación del informe, el conseller de Turismo mallorquín, José Marcial Rodríguez, ha adelantado nuevos avances en la lucha contra la oferta ilegal. “Hemos desarrollado un convenio de colaboración con las plataformas y nuestra intención es ir mucho más allá de la propia eliminación, nuestro objetivo es facilitar la labor de la incoación del expediente. A fecha de hoy ya tenemos redactado el convenio y lo vamos a firmar con todas ellas (Airbnb, Vrbo, Holidu, Expedia y Booking).”, ha detallado el conseller.