El fenómeno de la residencialización de complejos de apartamentos en núcleos turísticos ha sido sometido a debate este martes en una mesa redonda organizada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), en Las Palmas de Gran Canaria. Este fenómeno, muy arraigado en diversas zonas turísticas de Canarias, con especial incidencia en el sur de Gran Canaria, ha salido a relucir en las últimas semanas, tras conocerse los primeros expedientes sancionadores contra propietarios de alojamientos a los que dan un uso residencial.
El AC Hotel Gran Canaria acogió este debate en materia turística, que contó con la participación de Rosa Martínez, exjefa de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias; Salvador Miranda, doctor en Historia y director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias; Antonio Garzón, licenciado en Ciencias Económicas y experto en temas turísticos; Guillermo Morales, doctor en Geografía por la Universidad de Oviedo y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid; y Javier Valentín, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav).
Muchos han sido los temas abordados en la mesa de debate en relación con el fenómeno de la residencialización, pero el consenso general alcanzado entre todos los ponentes ha sido la “incompatibilidad del uso residencial y turístico” en zonas destinadas a la explotación hotelera y extrahotelera y que el principio de ‘unidad de explotación’ previsto en la legislación canaria, que estipula que la explotación económica de un complejo de villas o apartamentos debe realizarse a través de una misma empresa o por parte de una comunidad de propietarios constituida como explotadora, debe ser respetado para contribuir a una mejor gestión de la planta alojativa.
Complejo de apartamentos Tamarán en Playa del Inglés (Gran Canaria) | Foto: vía Central de Reservas
Rosa Martínez aclaró que la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013 “parte del principio de que en la misma parcela no se pueden compatibilizar el uso residencial con el turístico” y que ambos usos deben separarse para “imprimir calidad al sector turístico”.
Por su parte, Guillermo Morales aclaró que en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que alberga destinos turísticos tan relevantes como Maspalomas y Playa del Inglés, gran parte del suelo urbanizado para uso residencial y turístico está “equivocado”: el 30% de la población "está viviendo en un sitio en el que no debe vivir". Esta situación ha sido catalogada por el catedrático de Geografía y uno de los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del mencionado municipio grancanario como “tirar piedras contra tu propio tejado”, ya que esta situación provoca la pérdida de camas turísticas y acaba afectando “al desarrollo de la principal actividad económica” de las islas.
En cuanto a la modalidad de explotación como vivienda vacacional, tanto Martínez como Morales insistieron en que esta tipología no tiene cabida en una zona en la que el suelo ha sido catalogado como de uso turístico. Ante la problemática surgida en Canarias, por la que muchos propietarios se ven atados de pies y manos al no querer ceder la explotación de su apartamento a una empresa, pero tampoco poder hacerlo a través de una licencia de vivienda vacacional porque incumplirían el principio de unidad explotación, el vicepresidente de Ascav ha manifestado que la postura que sostiene la patronal es la de “cumplir el principio” conforme a la normativa vigente. Sin embargo, considera que se va a plantear "más pronto que tarde" una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque "habrá que ver si el principio, tal y como está configurado en la actualidad, tiene encaje en las normas de la Unión". En cuanto al derecho a la propiedad, Valentín ha señalado que "no es absoluto y debe someterse al planeamiento urbano”, puntualizando, a su vez, que "la regulación de la vivienda vacacional no surge como respuesta para romper el principio de unidad de explotación", sino para regular la actividad turística en una vivienda.
