El Parlamento de Canarias ha pospuesto el debate de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística, mediante la que se pretendía regular el alquiler vacacional.

Desde diferentes colectivos se había criticado la decisión imprevista de incluir en la Proposición de Ley PL-0005 medidas restrictivas contra el alquiler vacacional. Y es que en un principio lo que se había anunciado era una modificación del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, con el fin de adaptarse a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales y nulos los apartados a) y c).

La cámara legislativa canaria había fijado su votación para las sesiones plenarias del martes 12 de marzo y el miércoles 13 de marzo. Sin embargo, finalmente se retiró del orden del día para posteriormente anunciarse que el Consejo Consultivo deberá emitir un dictamen previo. Este organismo se encarga de asegurarse de que los Proyectos y Proposiciones de Ley se adecúan a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias.

Muchas entidades en contra

Diversas asociaciones del archipiélago se habían mostrado en contra de esta modificación legislativa y ahora ganan más tiempo para defender su posición. De hecho, fuentes consultadas por Tourinews revelan que es posible que esta modificación no se apruebe antes de que termine la legislatura.

Una de las primeras entidades en levantar la voz fue la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) que denunció que se pretendía votar la normativa con “nocturnidad y alevosía”. Asimismo, alertó de que la normativa prohíbe el alquiler de larga temporada en zonas turísticas y eleva las sanciones de los 1.500 hasta los 300.000 euros.

La indignación de este colectivo les llevó a impulsar una petición en Change.org para “parar este atropello histórico”.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) mostraron también su apoyo a ASCAV, asegurando que la PL-0005 ““vulnera competencias y supone un auténtico expolio a los derechos de los propietarios de viviendas vacacionales”.

Otra de las entidades que ha mostrado su rechazo ha sido la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT). La FEHT considera se trata de un trámite “artificioso y oportunista”, fuera de los cauces propios para una modificación del calado como el que se pretende, donde además, no se ha contado con su opinión, que considera esencial, habida cuenta la materia de que se trata.

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