La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se encuentra celebrando estos días su 35º Congreso Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, un evento en el que participan alrededor de 90 profesionales de todo el país para analizar y debatir los principales retos del colectivo. 

Este miércoles, 4 de octubre, han comparecido ante los medios de comunicación en el AC Hotel Gran Canaria los cuatro portavoces del sindicato mayoritario del sector en España: Susana Romero, secretaria de Comunicación; Gregorio Claros de Altube, controlador aéreo en Sevilla; Daniel Zamit, controlador aéreo en Madrid y José Luis Feliú, controlador en el centro de control de Canarias. Estos representantes han informado sobre el estado de la huelga de controladores pertenecientes a los operadores privados Saerco y Skyaway (antigua FerroNATS), que ya se prolonga durante nueve meses, además de para remarcar su total desacuerdo con la orden ministerial que prevé ampliar la privatización de las torres de control en el territorio nacional, cuya primera etapa tuvo lugar en 2011.

Gregorio Claros ha manifestado que el principal motivo para que no se haya producido un desbloqueo de la huelga es la postura “inamovible” que está adoptando Saerco en la negociación. “A lo largo de estos nueve meses hemos aprendido bastante y hemos conseguido llegar a cierto entendimiento con Skyway, de hecho, la huelga está convocada a nivel de sector, pero no va a haber seguimiento en las dependencias de Skyway porque hay avances en la negociación. Con Saerco está siendo más difícil, están presentando una postura inamovible”, ha asegurado.
 

 Claros: “A todo eso se suma una huelga que dura ya nueve meses y que la voluntad para solucionarla es intentar vetarla en todos los aspectos”

Según Claros, las negociaciones se encuentran estancadas en la subida salarial. Los controladores solicitan lo suscrito en el V Acuerdo para el Empleo y la negociación del convenio colectivo, una subida del 10% en tres años: 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025. Sin embargo, el representante sindical asegura que la propuesta de Saerco no alcanza siguiera el 5%. 

La primera subrogación del sector ha sido, desde el punto de vista de los trabajadores, “bastante dramática”. En el último año, se han acumulado cerca de 200 denuncias de trabajadores a la empresa, ha habido despidos nulos, improcedentes, traslados forzosos y recortes de nóminas en un 30%, entre otros. “A todo eso se suma una huelga que dura ya nueve meses y que la única voluntad para solucionarla es intentar vetarla en todos los aspectos”, critica, añadiendo que “hay unas diferencias en el ámbito económico que Skyway, con menos volumen de negocio, entiende; mientras que Saerco, con prácticamente el doble de negocio, ve inasumibles”. 

Críticas a la patronal y a Transportes 

Los representantes sindicales de USCA también han hecho patentes sus quejas por la postura de la patronal (formada por Saerco y Skyway) de exigir unos servicios mínimos del 100% en las torres privadas, una decisión que ha sido refrendada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que, consideran, veta su derecho a huelga. “Entendíamos que por el carácter del servicio iba a ser una huelga compleja, pero no esperábamos ni mucho menos que la respuesta de la patronal fuese vetar ese derecho a huelga a través de unos servicios mínimos de un 100%”, ha manifestado Claros. 

Por su parte,  Daniel Zamit ha informado de que desde USCA —junto a los conductores de tren y los pilotos aéreos y marítimos— planean interponer una demanda por “servicios mínimos abusivos” en el sector del transporte público. “Siempre que se convoca una huelga, los servicios mínimos son del 100%. Unos meses después se condena al ministro de Transportes a pagar una pequeña multa y se vuelve a reiterar esta situación cada vez que se convoca una nueva huelga. Desde esta plataforma se va a presentar una demanda más seria para que, como en otros países europeos, se respete el derecho a la huelga del sector”, ha argumentado.

Ni más eficaz, ni más barato

Uno de los principales argumentos que se esgrimieron para iniciar la liberalización del control aéreo en España, gestionado únicamente por la empresa pública Enaire hasta 2011, era la mejora de la productividad y el ahorro de costes, que redundaría en un abaratamiento de tasas para los usuarios. Sin embargo, Claros critica que en la mayoría de las torres en las que se ha privatizado el servicio, los tiempos de entrega desde los centros de control a esas torres “en ningún caso” han disminuido, sino que han aumentado. Esta situación ha provocado que se haya reducido la capacidad de gestión de vuelos en los aeropuertos. 

“Cuando defienden que se abarata el servicio para el consumidor es mentira, en ninguno de ellos han bajado las tasas. Las tasas son iguales. La diferencia es que lo que se recauda en vez de ser recibido por Enaire va a las manos de un empresario. Es un enriquecimiento de una empresa que no antepone la seguridad entre sus objetivos”, ha advertido Claros. 
 

 Romero: “Solamente ha llevado a un ahorro de costes de Aena que, en lugar de repercutir en la empresa, ha engrosado sus dividendos millonarios”

La secretaria de Comunicación de USCA, Susana Romero, ha hecho hincapié en esta situación, afirmando que el modelo liberalizado es “caduco” e “ineficaz” y no ha logrado llevar “en absoluto” a una mejora del servicio ni a su modernización. “Solamente ha llevado a un ahorro de costes de Aena que, en lugar de repercutir en la empresa, ha engrosado sus dividendos millonarios —el año pasado ingresó 900 millones— que se reparten entre sus accionistas, la mayor parte de ellos multimillonarios y fondos buitre”, ha apuntado. 

Romero ha puntualizado que el modelo privado no existe en el resto de Europa, al menos en grandes recintos aeroportuarios. “En Portugal, Italia o Francia no existen. Las que existen son torres mucho más pequeñas o con mucho menos tráfico del que puede haber en Lanzarote o Fuerteventura, por ejemplo”, ha concluido.

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