Aquellos que residen en apartamentos turísticos de Canarias tendrán que esperar más para poder respirar tranquilos, pues el decreto ley preparado por la Consejería de Empleo y Turismo para congelar las sanciones “se quedó sobre la mesa” en el último Consejo de Gobierno, celebrado el lunes 10 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.
“Está pendiente de unos matices por parte de los servicios jurídicos”, explicó en rueda de prensa Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno. Añadió que es posible que sea aprobado en próximos consejos.
La ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013 establece sanciones para los dueños de apartamentos en complejos turísticos que residen en ellos. Las primeras propuestas de sanción —cuyas cuantías oscilan entre los 2.000 y los 9.000 euros—, comenzaron a llegar en 2023, generando inquietud y descontento. Se estima que las sanciones podrían afectar a más de 10.000 propietarios.
A petición del alcalde de San Bartolomé de Tirajana/Maspalomas, Marco Aurelio Pérez, la Consejería accedió a crear un decreto que paralizase las sanciones hasta que la nueva ley de vivienda vacacional —en pleno trámite parlamentario— entre en vigor y ponga en marcha una solución legal, aclarando los usos permitidos en cada parcela y complejo, diferenciando entre zonas residenciales y turísticas.
