La vista del sector turístico estará clavada este marte en el Congreso de los Diputados, pues la cámara debatirá la posible suspensión del polémico registro de viajeros (Real Decreto 933/2021).

El RD, que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a enviar a la policía los datos personales de los clientes, ha sido pospuesto en numerosas ocasiones, estando prevista su entrada en vigor definitiva el próximo 2 de diciembre. Sin embargo, podría verse frenado en seco por una Proposición no de Ley (PNL) que presentará el Grupo Popular ante la Comisión de Industria y Turismo y que exige revisar y readecuar el decreto, cuyo cumplimiento actualmente considera “inviable”.

Desde la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes (ACAVe), la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y la Unión Empresarial de Agencias de Viajes (UNAV) dan la bienvenida a que la agrupación política se suma a su causa, pero lamentan que la PNL no recoge su principal exigencia: la exclusión de las agencias de viajes de la aplicación de la norma.

Catiana Tur (ACAVe), Manuel Panadero (FETAVE) y María Dolores Serrano (UNAV) mantuvieron el pasado día 17 una reunión de trabajo con la diputada popular Mirian Guardiola, portavoz de la Comisión de Industria y Turismo. En ella, los representantes de las patronales expresaron la necesidad de concienciar a la opinión pública y a los viajeros de "la gravedad de esta normativa", que tendrán que facilitar entre 50 y 60 datos personales para reservar un alojamiento o alquilar un vehículo y que podrían quedar comprometidos ante "posibles brechas de seguridad o ciberataques".

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