Dicho y hecho. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comenzado su anunciada persecución contra la publicidad online de pisos turísticos ilegales. El titular de la cartera, Pablo Bustinduy, ha abierto una investigación contra las principales plataformas de alquiler turístico —Airbnb, Vrbo, etc.— por "potenciales prácticas comerciales desleales" en relación con las viviendas vacacionales que operan sin licencia y que se anuncian por toda España.
De acuerdo con la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, las citadas prácticas comerciales serían desleales y, por tanto, supondrían una infracción que “puede generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, señalan desde la Dirección General de Consumo.
Según la información oficial ofrecida por autoridades autonómicas y municipales con competencia en este ámbito, un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia, razón por la cual el Ministerio ha decidido poner en marcha esta investigación con el fin de proteger a las personas consumidoras y usuarios ante estas prácticas.
Sobre esta base, la Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas, haciendo especial hincapié, apuntan, en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas, que podrían estar incurriendo en “prácticas comerciales desleales”.
Multas de hasta 100.000 euros
Con la información que se recabe a través de estos requerimientos, Consumo va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas, que pueden llegar a calificarse como infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
