Duro golpe por parte del Tribunal Supremo contra el Decreto del Alquiler Vacacional del Gobierno de Canarias. En una sentencia del 21 de diciembre, el organismo judicial veta la cláusula de esta normativa que prohíbe el alquiler vacacional en las zonas consideradas como turísticas.

Desde el TS consideran que esta limitación es contraria tanto a la libertad de empresa (establecida por el artículo 38 de la Constitución Española) como a la libre prestación de servicios (establecida por la Directiva Europea relativa a Servicios de Mercado Interior de 2006, también conocida como Directiva Bolkenstein).

El organismo judicial advierte que "del análisis del procedimiento de elaboración de esa normativa reglamentaria (el decreto del Gobierno de Canarias) se infiere que la única explicación plausible parece ser la de tratar de favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales". De hecho, según indica la propia sentencia, este aspecto de la normativa “obedecía a meras razones de carácter económico: que las viviendas vacacionales no compitan con el resto de establecimientos alojativos hoteleros o extrahoteleros".

Asimismo, el TS rechaza el resto de argumentos de carácter medioambiental y urbanístico al entender que “resultan insuficientes" y "no son convincentes".

De esta forma el Supremo ratifica la sentencia dictada el 25 de mayo de 2017 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contra el que el propio Gobierno de Canarias presentó el citado recurso de casación.

El artículo 3.2 y el subapartado tercero del apartado IV del anexo 2 del decreto del alquiler vacacional (113/2015), en vigor desde 2015, prohíbe ofrecer viviendas vacacionales en las zonas catalogadas como turísticas. En la práctica, esto impide la oferta de esta modalidad alojativa en la mayoría de espacios del archipiélago canario, especialmente en los más demandados por los clientes.

No se trata del único apartado de la normativa canaria que ha generado controversia, ya que el TSJC también ha dictado sentencias desfavorables por no permitir a los propietarios que alquilen las viviendas por habitaciones.

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