La pasada semana el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció su intención de privatizar la gestión de las torres de control de siete de los principales aeropuertos del país: Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife (Sur y Norte), Bilbao y Santiago de Compostela (A Coruña) que, en conjunto, aglutinan un tercio del tráfico total de pasajeros en España.
La noticia ha sido recibida con optimismo por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que considera que la medida que “permitirá ganar en eficiencia” y “mejorar la calidad del servicio” sin comprometer la seguridad.
Estas 7 torres se sumarán a las 14 de la red Aena que ya están privatizadas, así como una de Aeroports de Catalunya y a la de aeropuerto privado de Castellón. Mención aparte merecen los siete designados como aeropuertos con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo (controlados de forma remota). Es decir, serán un total de 30 los aeródromos cuyo tránsito aéreo depende de empresas privadas.
Hasta el día de hoy, en España, además del Ejército del Aire, hay tres compañías que gestionan tanto torres de control (TWR) como AFIS:
- La primera es pública: ENAIRE.
- La segunda pertenece a un fondo inversor rescatado con dinero público.
- La tercera fue creada por un imputado en la Operación Lezo.
ENAIRE: La ventaja del monopolio
¿Quién es?
La entidad pública gestora de la navegación aérea en España (ENAIRE) pertenece al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es, además, accionista mayoritario de Aena, con el 51% de su capital.
¿Qué aeropuertos opera?
Se encarga de la gestión de las torres de control de 21 aeropuertos españoles: Santiago, Asturias, Santander, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Logroño, Madrid-Barajas, Granada, Almería, Málaga, Melilla, Girona, Barcelona, Reus, Murcia, Mallorca, Menorca, Tenerife Sur, Tenerife Norte y Gran Canaria.
Además, presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.
La polémica: Son numerosas las voces que, a lo largo de los años, han abogado por la liberalización de los servicios de navegación aérea. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe en el que criticaba la paralización de la “apertura a la competencia en este mercado”. Recalcaba que la privatización de 12 torres materializada en 2011 “ha generado aumentos de eficiencia y calidad”.
“La relación vertical de ENAIRE con Aena, S.A., que otorga control efectivo de la primera sobre el gestor aeroportuario, puede desincentivar la continuación del proceso de liberalización de los servicios de control aéreo. Por ello se recomienda eliminar la integración vertical de ENAIRE y Aena, S.A.”, aseveraba el citado informe.
SKYWAY: Entra en el negocio cinco días antes de que se haga pública la privatización
¿Quién es?
La compañía fue creada en 2011 como FerroNATS, una joint venture participada a partes iguales por Ferrovial y el proveedor británico de servicios de navegación NATS. El pasado 3 de febrero se anunció que Serveo ha adquirido el 100 % del accionariado de FerroNATS, que pasará a llamarse Skyway.
¿Qué aeropuertos opera?
En 2020 se hizo con la gestión de 4 aeropuertos: Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell. El contrato de adjudicación por valor de 43 millones de euros. La empresa también se encarga del tráfico aéreo de los aeropuertos de Murcia (desde 2018).
Asimismo, opera las torres de control de los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu d’Urgell (desde 2018), ambos de la red de Aeroports de Catalunya, entidad dependiente de la Generalitat.
La polémica: Tras Serveo se esconde el fondo de capital riesgo Portobello, al que le persiguen los escándalos y la gestión dudosa, habida cuenta de que tres de sus empresas participada han tenido que ser rescatadas por el Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): la hotelera Blue Sea Hotels y la empresa de cáterin Mediterránea, así como la compañia de clínicas Vivantadental. El valor total del rescate asciende a los 93 millones de euros.
El punto que ha desatado las suspicacias es que Serveo anunció el 3 de febrero la compra de FerroNATS, apenas cinco días antes de que el propio Gobierno anunciase la privatización de las torres de control de siete de los aeropuertos con más tráfico del país.
A todo ello se suma que Íñigo Sánchez-Asiaín, presidente de Portobello Capital, está siendo investigado por un presunto delito de estafa y falsedad.
SAERCO: Fundador imputado en el caso Lezo
¿Quién es?
Servicios Aeronáuticos Control y Navegación (Saerco) nació en 2010 y se vale de la tecnología de Air Navigation Services of the Czech Republic (ANS CR), proveedor de servicios de navegación aérea en la República Checa. Su administrador único es Pablo De Miguel Rodríguez, quien tomó en 2017 el relevo de su hermano, Ildefonso de Miguel Rodríguez, quien fundó la empresa.
¿Qué aeropuertos opera?
En 2020 se hizo con la gestión de ocho aeropuertos: Vigo, Jerez, Sevilla, A Coruña, Cuatro Vientos, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote (58 millones).
También se encarga del Aeropuerto de El Hierro (mixto, con servicio de control los días laborables y AFIS los fines de semana) y del de Castellón, este último de gestión privada.
La polémica: SAERCO no está exenta de polémicas, de hecho, son varias las que rodean a la empresa:
La primera tuvo lugar con su participación en la primera privatización de torres, que tuvo lugar en 2011 y en la que resultó adjudicataria de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Desde el colectivo de Controladores Aéreos se denunció que la compañía se fundó ex profeso para el proceso de liberalización y carecía de experiencia previa. La segunda son los conflictos que mantiene la empresa con los profesionales de control aéreo en los aeropuertos en los que opera.
Pero lo más llamativa es la tercera: la figura de su fundador, Ildefonso de Miguel Rodríguez, imputado en el caso Lezo, acusado por un delito de blanqueo de capitales cuando ejercía de director gerente del Canal de Isabel II, entre 2003 y 2009. En su acusación, la Fiscalía Anticorrupción apuntaba que constituyó un entramado societario y financiero para ocultar fondos “cuyo origen lícito se desconoce” y que, así, defraudó a la hacienda pública 1,5 millones de euros. Apunta, también, que, posteriormente, realizó diversas maniobras con el fin de aflorar estos capitales en España mediante “contratos simulados”.