RIU Hotels & Resorts considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de forzar la caducidad de la concesión —prorrogada en 2016 por 75 años— y la retirada de las instalaciones del hotel Riu Oliva Beach es “una acción arbitraria y carente de argumentos”. En un duro comunicado difundido este martes, la compañía acusa a la cartera que dirige Teresa Ribera de urdir “una estrategia hostil y premeditada” para forzar la demolición del complejo, que se erige sobre dominio público marítimo-terrestre, en las dunas del Parque Natural de Corralejo, (Fuerteventura).
La cadena mallorquina estima que hay pruebas que evidencian que la estrategia del Ministerio es premeditada, “ya que ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad”. Por todo ello, recurrirá la resolución ante la Audiencia Nacional, en un proceso jurídico que previsiblemente acabará en el Tribunal Supremo.
Parte de la acción del Ministerio de Transición Ecológica se ha centrado en argumentar la comisión de infracciones por parte de RIU, pero la hotelera subraya su historial de respeto a la normativa y se desmarca de cualquier irregularidad que se le impute. Así, asegura que la resolución ministerial se basa en argumentos “falsos, desproporcionados e incompletos” que tergiversan la realidad física del complejo hotelero. “En ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio”, aseguran. De la misma forma, afirman que es falso que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión y que se hayan ejecutado obras sin autorización.
La hotelera considera que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica es “escandalosa” y que se trata del “colofón de una estrategia premeditada”, que arrancó en el año 2018 con el “claro objetivo” de forzar la caducidad de la concesión. RIU argumenta que esta decisión estaba “prefijada de antemano” y que se han buscado los argumentos necesarios posteriormente, habiendo una “clara manipulación” de los hechos.
Hotel Riu Oliva Beach Resort, ubicado en Corralejo (Fuerteventura) | Foto: RIU Hotels & Resorts
Graves implicaciones económicas y sociales
Por otro lado, RIU alerta de las “graves implicaciones económicas y sociales” que conllevaría el cierre del Oliva Beach, no evaluadas por Transición Ecológica. Y es que la cadena subraya la “gran relevancia” para la sociedad del municipio de La Oliva y de toda la isla de Fuerteventura que representa el hotel, que llega a generar 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente.
“Son puestos de trabajo que ahora están en riesgo por las infundadas pretensiones del Ministerio de Transición Ecológica, a lo que hay que añadir el daño indudable que el cierre del hotel produciría sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura”, afirma de forma contundente la compañía. Como dato de referencia, la cadena resalta que solo los clientes del Riu Oliva Beach y de su vecino Riu Palace Tres Islas mantienen el movimiento de 1,5 aviones diarios con destino a la isla de Fuerteventura, con un impacto económico de 13,6 millones de euros anuales de facturación, según indican los datos oficiales recogidos por el Ayuntamiento de La Oliva.
