La sentencia del Tribunal Supremo (TS) con respecto al decreto que regula la actividad del Alquiler Vacacional en Canarias está centrando todas las conversaciones del sector turístico del archipiélago. El Alto Tribunal ha vetado el artículo de esta normativa que prohíbe el alquiler vacacional en las zonas consideradas como turísticas.

Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha valorado para Tourinews la importancia de esta decisión judicial. “Desde la ASCAV estamos muy satisfechos con que se haya confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que ya se decía que la prohibición del alquiler vacacional en zonas turísticas era ilegal y que el único motivo era beneficiar al sector hotelero ya establecido y así lo ha vuelto a decir el TS”.

Valentín advierte que esta es la primera de cinco sentencias que tiene que dictar el Supremo con respecto a este decreto vigente desde 2015. Entre ellas se encuentran la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la de la propia ASCAV. En ellas no sólo se hacía hincapié en la ilegalidad del artículo 3.2, que ya ha sido vetado, sino que incluye otros “puntos de interés” como la prohibición del alquiler por habitaciones o el artículo 5, que impide que el propietario hago uso residencial de la vivienda cuando esta no esté siendo utilizada para el vacacional.

Según explica el vicepresidente de la asociación canaria, “la nulidad de estos otros preceptos” ya fue dictada por el TSJC, pero ahora esperan la ratificación del Supremo. “Esperamos que en breve se produzcan las otras sentencias que van a ser en la misma línea”, añade.

La posición del Gobierno de Canarias

La ASCAV no ha sido la única entidad en reaccionar a la sentencia, también lo han hecho desde el Gobierno de Canarias, organismo que había presentado el recurso de casación ante el Alto Tribunal. Y es que la sentencia no sólo afecta al decreto vigente, sino que también influye en el nuevo borrador de regulación sobre las viviendas vacacionales anunciado en mayo de 2018, que aún no ha sido publicado.

Isaac Castellano |Foto: Archivo

El borrador, del que quedan eximidas las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, prohíbe la vivienda vacacional en las áreas rurales y agrícolas, en edificios de obra nueva y en las zonas turísticas, aunque sea suelo de uso residencial. Es decir, se repite la misma cláusula vetada por el Supremo.

Es por ello que el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la comunidad autónoma, Isaac Castellano, ha adelantado que se estudiará con profundidad el dictamen para comprobar su impacto en el citado borrador: “Habrá que revisar todo el contenido del borrador de decreto de alquiler turístico para determinar si podría vulnerar el marco de la sentencia”.

No obstante, explica que la decisión judicial ayuda a definir y clarificar el marco regulador de esta modalidad alojativa. Para la que siguen determinados a poner límites para que el desarrollo turístico sea sostenible: “La legislación canaria siempre ha establecido límites para que el crecimiento sea ordenado y habrá que ver de qué manera se puede conseguir este objetivo siguiendo las reglas del juego".

Castellano indicó que pese a que la sentencia del TS es clara en lo que respecta a limitaciones económicas, no hace referencia a restricciones de otro tipo.

Javier Valentín replica que pese a que el consejero de Turismo asevera que su intención es ordenar la actividad, ya está ordenada, porque “hay un decreto que ya la ordenó en su día, lo que pasa es que parte de la ordenación era ilegal”. “Si por ordenar la actividad se refiere a restringirla más, como ya quedó patente en aquel borrador que sacaron y que al final ni siquiera se llegó a publicar, seguiremos nosotros luchando porque esto ya es un acoso y derribo del Gobierno de Canarias contra un producto turístico que está aquí y que, como ya han dicho algunos importantes touroperadores, ha venido para quedarse”, continúa el vicepresidente de ASCAV , que asevera que el Ejecutivo Canario “parece que quiere cerrar los ojos y regular sólo para el sector tradicional”.

 “Se salta un obstáculo y aparecen cuatro”

Valentín no sólo considera que el gobierno regional pone dificultades, sino que también los ayuntamientos se lo están poniendo difícil: “Se salta un obstáculo y aparecen cuatro. Una vez sobrepasado este primer escollo, la moda es prohibir mediante normativas urbanísticas, no sólo aquí sino en el resto del territorio nacional”.

Hace alusión concreta a Las Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife. En lo que se refiere a Las Palmas de GC explica que la regulación se encuentra en fase de alegaciones y que ellos han presentado las suyas al considerad que “es una absoluta prohibición encubierta obligar a las viviendas vacacionales a que tengan una entrada independiente, porque ningún edificio lo tiene”. Agrega que si esa normativa se aprueba así, es probable que la ASCAV “acuda a los tribunales para defender los derechos del sector”.

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