La Audiencia Nacional estudia estos días si admite a trámite una querella presentada por la Plataforma Pro Viviendas Turísticas, integrada por propietarios de pisos turísticos, contra Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y varios de sus concejales. Desde la plataforma acusan a estos miembros del consistorio de un presunto delito de prevaricación, por, según afirman "ensañarse contra los pisos turísticos". Por otra parte, la misma institución judicial sí que ha admitido a trámite una demanda que intenta conseguir la anulación del Plan Urbanístico con el que el equipo de gobierno municipal pretende prohibir el establecimiento de nuevos pisos turísticos.

El pasado miércoles, Elizabeth Casañas, presidenta de la Plataforma, declaró que "las autoridades se han extralimitado y se han ensañado sistemáticamente contra los alquileres vacacionales, de forma discriminatoria frente a otras ofertas de alojamiento no colaborativo".

Casañas hacía especial alusión al Plan Especial de Viviendas de Uso Turístico, aprobado el pasado mes de marzo, que prohíbe el establecimiento de nuevos pisos turísticos en la ciudad de Barcelona, y que además, según ella, "incumple la directiva europea de servicios".

La querella no solo se ha presentado contra Colau y tres de sus concejales "Gerardo Pisarello (teniente de alcalde de Economía, del que depende Turismo), Janet Sanz (Urbanismo) y Gala Pin (concejal de Ciutat Vella)?, sino que en ella también figuran cargos municipales de legislaturas anteriores tales como Antoni Vives, concejal en tiempos de CDC, y Ramon García Bragado, de la etapa socialista.