La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno de Canarias que elimine una importante cantidad de regulaciones del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad, ya que supone «numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado». Esta petición no le ha gustado nada a Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, que ha advertido a los políticos que tengan mucho cuidado con la derogación del decreto regulador del alquiler vacacional porque se irá al traste el esfuerzo del sector turístico por crear empleo.

Normalmente se nos dice que las regulaciones son producto del interés general. Sin embargo, las decisiones públicas, tal como explica la escuela económica de Elección Pública o Public Choice, nada tienen que ver con el interés público o el también mal llamado bien común. Estas decisiones se toman por el análisis económico de interés propio de los distintos agentes que intervienen en la toma de decisiones públicas: votantes, políticos, burócratas-funcionarios y grupos de interés.

Son muchos los casos -incluyendo en el que nos encontramos- en los que se aprueban normas que el votante desconoce o está en contra. Estas normas son principalmente regulaciones que atienden a deseos de los burócratas y de los grupos de interés o presión, más conocidos como lobbies. Los funcionarios, especialmente los altos cargos, en su gran mayoría promueven el incremento de las regulaciones porque es la principal vía por la que pueden obtener más medios y poder. Por otro lado, los grupos de interés suelen intentar conseguir lo que no logran compitiendo en el mercado a través de regulaciones que les favorezcan.

Lo que estamos viviendo estos días con las regulaciones turísticas que han supuestos distintos escándalos, no es otra cosa que el destape de un sistema de regulación al servicio de grupos de interés o de presión auspiciado por el propio interés de burócratas y políticos. Es, principalmente, por esta razón por la que al señor Marichal, presidente de Ashotel, no le gusta nada que la CNMC haya denunciado el abuso de una regulación que sirve a sus intereses impidiendo la libre competencia.

Es hora de que en Canarias se empiecen a eliminar este tipo de normas, que solo benefician a unos pocos, para que de esa forma haya libre competencia y se logre crear riqueza y empleo satisfaciendo a una demanda turística cada vez más exigente. De lo contrario, seguiremos viendo cómo la ineficiencia y la injusticia triunfan a través del BOE.

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