El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido utilizar nuevas armas contra el alquiler vacacional ilegal y, a falta de ser concretado, ha propuesto cortar el suministro de agua a aquellos inmuebles que operen de forma irregular. Las reacciones se han dejado notar rápidamente. Hay muchos que la consideran una medida pragmática, mientras que hay otros que abogan por hacer más duras las multas, sancionando al que vende, al que compra y al intermediario.

Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) considera que “las viviendas vacacionales están sufriendo una auténtica persecución por parte de la Administración, vulnerando incluso los derechos de los propietarios". Comenta a Tourinews que “la medida del Ayuntamiento de Sevilla parece absolutamente desproporcionada".

Valentín recalca que "en ningún caso se puede amparar el ejercicio de aquellas viviendas vacacionales que lo están haciendo al margen de la ley”, insistiendo en que hay que cumplir la legalidad vigente; no obstante, subraya que el corte del suministro de agua le parece "una medida drástica, absolutamente desproporcionada y que habría que ver incluso si es acorde con la legalidad vigente"

"Incluso podríamos estar ante un delito de coacciones si el Ayuntamiento corta el agua, de esta manera, sin justificación legal alguna", concluye.