El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha presentado una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre la aerolínea Canair (filial de Binter Canarias) para que “investigue, depure responsabilidades y garantice la seguridad de los pasajeros de dicho operador”, a raíz de las incidencias de seguridad operacional ocurridas durante la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma (Canarias). Esta situación dio como resultado el despido de tres pilotos, declarado improcedente por la Justicia, por negarse a volar ante las condiciones adversas generadas por la nube de ceniza procedente de la mencionada isla.  

El COPAC ha manifestado en un comunicado oficial que, tras exponer hace semanas la gravedad del caso a AESA, presenta esta denuncia para cumplir con su obligación de velar por los derechos de los ciudadanos como usuarios del transporte aéreo y para exigir el esclarecimiento de las circunstancias de la operación de Canair que, en un escenario de cenizas volcánicas, “operó irregularmente”.
 

La denuncia presentada por el Colegio también expone “las deficiencias en la Cultura de Seguridad” de la aerolínea canaria, con episodios de intimidación y coacción contra comandantes por cumplir escrupulosamente con la normativa de seguridad, incluyendo los obligatorios informes de seguridad que alertaban de los peligros en la operación aérea”.

La gravedad de los hechos denunciados, añade COPAC, se completa con el “despido punitivo” de los dos comandantes de la compañía, que adoptaron decisiones de seguridad de acuerdo con el Manual de Operaciones de la compañía y el Reglamento de Circulación Aérea y reportarlas por los canales establecidos.
 

Según el Colegio, estos despidos ponen de manifiesto “importantes deficiencias” de Canair en la aplicación de la denominada “Cultura Justa”, de obligado cumplimiento por el Reglamento UE 376/2014 y por la propia AESA, como garantía de seguridad para prevenir accidentes. Así, el reglamento interno de Cultura Justa que tienen todos los operadores aprobados por AESA establece que “no se adoptarán medidas de represalia cuando un empleado notifique un problema de seguridad operacional mediante el programa de reportes de seguridad, un principio que Canair ha infringido”.

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