La Guardia Civil —junto a la Agencia Tributaria (AEAT)— ha detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían evadido el pago de impuestos de forma sistemática, entre otros delitos. Los cuatro arrestados, en el marco de la operación 'Isla Sorna', estarían a cargo de la administración de una empresa española que se encontraba construyendo un centro comercial de lujo en Tenerife, obteniendo de forma irregular la financiación para su ejecución. La investigación policial apunta a la utilización de entidades situadas en paraísos fiscales y territorios de nula tributación para conseguir capital libre de impuestos.
2018, comienzo de la investigación
En 2018, la Guardia Civil detecta que la mencionada empresa está recibiendo varios préstamos de diferentes ciudadanos de origen ruso. Estas transacciones no se 'elevaron a público' —mecanismo notarial para certificar transacciones o acuerdos al Estado—, despertando así las sospechas por falta de transparencia. Poco antes de recibir estas cantidades, la entidad había comprado un amplio terreno en Tenerife con el objetivo de edificar un centro comercial de lujo.
Una vez iniciada la investigación, la AEAT descubrió que la empresa obtenía capital a través a fondos de inversión y sociedades extranjeras, la mayoría de ellas de patrimonio ruso. Estas entidades se situaban en diferentes países como Australia, Luxemburgo o Islas Vírgenes Británicas. Este entramado de 'sociedades pantalla' se habría utilizado para que la empresa española recibiera ingresos a través de las compañías extranjeras, evitando así declarar el dinero en España. Asímismo, también se considera el blanqueo de capitales, pudiendo haber utilizado capital proveniente de acciones ilegales.
Detienen en Tenerife a los dueños de un centro comercial por evadir impuestos
En total se han practicado seis registros, cuatro de ellos en domicilios de los investigados y dos en empresas mercantiles de Tenerife. El Juzgado que dirige la investigación acordó la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por importe total aproximado de 45 millones de euros, para garantizar las sanciones y responsabilidades civiles derivadas del proceso judicial abierto.
