El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha declarado oficialmente la “caducidad de la concesión” del complejo hotelero y de apartamentos RIU Oliva Beach Resort, ubicado en suelo de dominio público marítimo-terrestre y, a su vez, en un espacio protegido como es el Parque Natural de Corralejo —dunas de Corralejo—, en el norte de Fuerteventura. La cartera que dirige Teresa Ribera ha ordenado, a través de una resolución emitida el pasado martes y firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “el levantamiento y retirada de las instalaciones existentes”. Esto implica, de facto, la demolición del complejo gestionado por RIU Hotels & Resorts que, cabe recordar, se querelló contra varios altos cargos del Ministerio por prevaricación, acusándolos de haber llevado a cabo una “persecución manifiesta” contra la compañía.

El Ministerio alega “incumplimientos reiterados” por parte de la empresa Geafond Numero Uno Lanzarote S.A., propiedad de RIU y titular de la concesión otorgada de acuerdo con el régimen transitorio de Ley de Costas sobre el complejo hotelero. Esta concesión se otorgó en 2003 a cambio de que la compañía cediera al Estado la propiedad de la isla de Lobos, ubicada en la franja marítima que separa Fuerteventura de Lanzarote. Este acuerdo fue posteriormente modificado en 2007 y prorrogado en 2016.

Los incumplimientos a los que hace referencia el Miteco y que constituyen “causa de caducidad de la concesión” son: la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos por el mismo y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión —unos 18.000 metros cuadrados— al uso público. Todo ello, alegan, supone “una vulneración tanto de la normativa de Costas como de las concretas condiciones de la concesión”.

Transición Ecológica recuerda que en marzo de 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por las causas anteriormente señaladas. De esta manera, se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales. Sin embargo, la empresa no hizo ninguna de las dos cosas. El Ministerio recurrió por vía administrativa, sin éxito, por lo que decidió impugnar la resolución desestimatoria de este recurso ante la Audiencia Nacional —pendiente de resolución—.

Sobre la disputa que mantienen desde hace un año el Gobierno de Canarias y el Miteco a cerca de la las competencias sobre las costas de Canarias —transferidas al Ejecutivo autonómico el 1 de enero de 2023—, el Ministerio de Ribera recuerda que, con base en el dictamen favorable —no vinculante— emitido por el Consejo de Estado el pasado 15 de febrero, la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado. De hecho, puntualiza que no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, como son Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares. Sin embargo, el Gobierno canario ya anunció en mayo del año pasado que recurriría hasta el Tribunal Constitucional para resolver este conflicto de competencias.

Los apartamentos se salvan, de momento

La orden de demolición no incluye a los apartamentos que se encuentran dentro del complejo, cuya propiedad no ostenta únicamente RIU —otra de las condiciones de la concesión incumplidas—, ya que algunos fueron vendidos a terceros. El Ministerio suspende la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, “en tanto se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos que no tuvieron ocasión de solicitar la concesión compensatoria”.

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