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Los ecologistas vuelven a la carga contra RIU Hotels en Costa Rica
Tras 13 años de resoluciones judiciales en contra, los ambientalistas continúan buscando vías para ganar la causa contra la compañía española
Polémica en torno al complejo de RIU Hotels & Resorts en Costa Rica, ubicado en la Playa de Matapalo de Guanacaste, en la costa del Pacífico. Las acusaciones de posibles daños medioambientales durante la construcción del resort se han avivado con la reactivación de la causa judicial contra la hotelera española.
Tras un recurso del grupo ecologista Confraternidad Guanacasteca, el Tribunal Ambiental Administrativo ha iniciado un procedimiento ordinario y ha fijado audiencia oral y pública para el 24 febrero de 2023. Este es un órgano del Ministerio del Ambiente y Energía costarricense cuyos fallos agotan la vía administrativa —contra sus resoluciones puede interponerse únicamente el recurso ordinario de revocatoria—.
Desde la ONG celebran que, tras años de esfuerzo, llegarán por fin a su meta de “hacer justicia” y confían en que al menos uno de los hoteles tenga que ser derruido, mientras que desde RIU afrontan el proceso con calma, se muestran confiados y aseveran que las actuaciones de la empresa “siempre han estado apegadas a derecho y en absoluto respeto a la legislación costarricense”.
Albert Puig, director de Comunicacion y Relaciones Institucionales de RIU Hotels & Resorts, explica a Tourinews que las autoridades ambientales certificaron que “nunca existió bosque en los terrenos que actualmente ocupa el Complejo RIU, conformado por dos hoteles de cinco estrellas, el Guanacaste y el Palace Costa Rica, que suman conjuntamente 1.239 habitaciones. “En 1971, mucho antes de que llegáramos nosotros, estos terrenos eran para uso agrícola o potreros. Hubo una recalificación y nosotros pedimos los permisos y construimos los hoteles”, explica el dircom de la compañía balear.
Cronología del desencuentro
Este es el enésimo enfrentamiento en los tribunales entre el grupo ecologista y la cadena hotelera, cuya disputa se prolonga por más de 13 años.
En 2009 tuvo lugar la inauguración del RIU Guanacaste. Justo en este año, el grupo ecologista Confraternidad Guanacasteca y el grupo vecinal Comité Cívico de Carrillo interpusieron una denuncia por daños ambientales por la vía penal. Acusaban a RIU de “destrucción de humedal, afectación de playa, biodiversidad y cauce de agua”. En 2012 tuvo lugar la inauguración del RIU Palace Costa Rica.
Ya en noviembre de 2015, el Ministerio Público se suma a la denuncia particular. Dicha denuncia no solo estaba dirigida a RIU, sino también a representantes del Ministerio de Ambiente y Energía. Los delitos incluidos en la acusación son los de prevaricación, falsedad ideológica, infracciones a la ley de la zona marítimo-terrestre, así como infracciones contra la ley forestal.
No es hasta 2021 cuando se producen grandes avances: RIU llega a un acuerdo de “conciliación” con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público, acabando así con la causa penal. Estos acuerdos son una figura ofrecida por la legislación costarricense que permiten cerrar este tipo de disputas mediante el impulso de acciones que beneficien a la sociedad pactadas por las partes (Intervenciones medioambientales, mejoras de infraestructuras, etc.).“Es el modo más rápido y eficaz para que este proceso no se prolongue en el tiempo, evitando así una mayor inversión tanto de tiempo como de recursos por ambas partes”, explicó Puig al ser preguntado por este diario, aseverando que, en ningún caso, representa “aceptación de culpa”.
En este 2022 los ambientalistas han reactivado la disputa en los tribunales. Presentaron un recurso de amparo ante Tribunal Constitucional, exigiendo que la causa se mantenga en la vía administrativa. El tribunal les dio la razón y, en noviembre, se inició el procedimiento ordinario por el Tribunal Ambiental Administrativo, que ha fijado ya la fecha para la vista oral.
El final a esta disputa no debería tardar en llegar, ya que el Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo establece que una vez que finalice la audiencia un plazo máximo de 30 días se dictará la resolución final del procedimiento (aunque estos pueden ser ampliados otros 30 días). Sin embargo, desde la hotelera se muestran convencidos que, ocurra lo que ocurra, los ecologistas no cejarán en su empeño y seguirán presentando denuncias.
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