Los empresarios de Cozumel (México) han mostrado su preocupación por el nuevo impuesto aprobado por el gobierno de Quintana Roo, el Derecho de No Residente (DNR). La tasa entra en vigor en enero de 2025 y establece el cobro de 800 pesos a cada crucerista arribado al destino mexicano. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cozumel, amenaza con impactar de forma significativa en la economía de la isla, muy dependiente del turismo de cruceros.

Y es que, tal y como lo ven desde la CCE de Cozumel, las compañías de cruceros podría comenzar a cambiar sus rutas y decantarse por otros destinos del Caribe con unas condiciones más competitivas. “Estamos en un punto crítico. Competimos con destinos del Caribe que no imponen cargos adicionales y que podrían atraer a las navieras. Esto podría afectar severamente a la economía local, que depende directamente de los cruceros en Cozumel”, ha denunciado Carmen Joaquín Hernández. 

Otra de las denuncias que hacen desde la CCE es que, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos para 2025, el 67% de los recursos obtenidos por el DNR serán destinados a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), sin garantizar inversiones directas en infraestructura turística o promoción del destino. “Es crucial que estos fondos se reinviertan en fortalecer la experiencia turística de Cozumel. De lo contrario, estamos perdiendo una oportunidad para consolidarnos como un puerto de clase mundial”, ha afirmado Joaquín Hernández.

En este sentido, cabe recordar que Cozumel es uno de los principales destinos de cruceros en el Caribe mexicano, representando esta actividad un alto impacto económico, concretamente 742 millones de dólares anuales, por lo que constituye una fuente vital de ingresos para miles de familias locales.

Ya la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) había manifestado previamente su preocupación por el impacto logístico y financiero que este impuesto tendrá en las operaciones de las navieras.

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