Las demandas judiciales de consumidores están intrínsecamente ligadas a la idiosincrasia anglosajona. Quizás se deba a que el cliente conoce y tiene más claros sus derechos como consumidor o pueda deberse a que existe una tradición de abogados especializados en este tipo de reclamaciones. Lo que es obvio es que durante los últimos meses se ha incrementado el número de denuncias por parte de los turistas de Reino Unido contra los hoteles españoles.

Los primeros en ponerse en alerta fueron los hosteleros de las Islas Baleares, a través de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) que criticaron una campaña de falsas denuncias por intoxicación desde Reino Unido contra establecimientos y touroperadores del archipiélago alentada por despachos de abogados que tan sólo buscaban el beneficio económico y perjudicaban la imagen internacional de la región.

Posteriormente siguieron estos mismos pasos la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec) y la de Tenerife, La Palma, La Gomera y Hierro (Ashotel). ¿Pero qué se puede hacer para luchar contra lo que las asociaciones consideran una red jurídico-comercial fraudulenta? Las organizaciones hoteleras de los principales destinos turísticos españoles con gran popularidad entre los británicos han desarrollado campañas de información y visibilización para denunciar estas prácticas.

A su vez, también han apostado por el trabajo conjunto con los principales grupos turísticos de Reino Unido (TUI UK, Jet2, Monarch o Thomas Cook) para combatir a los ?abogados piratas?. No obstante, la medida más fundamental es contar con el apoyo de las instituciones públicas. Los primeros en contar con dicha colaboración han sido los hoteles de la Comunidad Valenciana.

Recientemente, Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, ha solicitado a la embajada del Reino Unido en España que se posicione ?en contra este tipo de prácticas fraudulentas inducidas por terceros, arbitrando para ello las medidas que consideren más adecuadas para su pronta erradicación".

Y es que en esta situación hay mucho más en juego que el dinero que puedan obtener los usuarios con las indemnizaciones o los abogados con sus comisiones, ya que la imagen turística del destino y la reputación que a los hoteles les lleva muchos años construir, pueden quedar destruidos en muy poco tiempo por el afán económico de unos pocos.

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