La aerolínea Air Europa ha sido condenada por el Tribunal Supremo de España a devolver casi 14 millones de euros al Estado por el conocido como fraude de los certificados de residentes. Entre enero de 2009 y septiembre de 2010, la compañía aérea notificó al Ministerio de Fomento un precio superior al que cobraba realmente a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; de esta forma, obtenía más dinero del Estado, que cubre la parte subvencionada de los viajes (por aquel entonces, el 50% del precio).

Ya en 2017, una sentencia de la Audiencia Nacional reconocía que la aerolínea del grupo Globalia había declarado a Fomento “importes subvencionables superiores a los que realmente constaban en cada billete”. Por lo tanto, la Administración acusó a Air Europa de falsedad en los datos de venta, ya que la compañía había vendido los billetes subvencionados a precios más bajos de los que declaraba, embolsándose una bonificación estatal superior a la que le correspondía.
 

Ahora, la nueva sentencia del Supremo ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que daba la razón en 2017 a la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, que reclamaba la devolución de 10 millones de euros por la subvención pagada de más a la compañía aérea y de otros casi 4 millones en concepto de intereses de demora.

Esta situación no hace sino agravar los problemas económicos de Air Europa, rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 475 millones en 2020. Además, recientemente ha visto cómo su acuerdo de compra-venta con Iberia se rompía definitivamente, aunque ambas compañías dejaban abierta la posibilidad de una nueva negociación a partir de enero de 2022.

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