La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha cifrado en 2.348 millones de euros al año el coste extra que tendrían que asumir las empresas del sector turístico en caso de aplicarse la reducción de la jornada laboral máxima —de 40 a 37,5 horas—, prevista en el actual acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar. La asociación empresarial liderada por el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, afirma que esta medida supondría “una iniciativa notablemente lesiva” para las empresas del conjunto de subsectores que dependen de la actividad del turismo.

Esta es la principal conclusión que se extrae del último informe publicado por Exceltur, que realizar un análisis sobre el potencial impacto que supondría la implantación de la medida en las empresas turísticas, a partir de los datos oficiales del mercado de trabajo en España relativos al año 2023.

De esta manera, el coste total anual de 2.348 millones de euros para las empresas de los distintos subsectores relacionados con la actividad turística viene derivada de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas por un uso más eficiente del tiempo de trabajo —ganancias en productividad—.

Dicho coste está calculado bajo el supuesto de que las empresas pudieran encontrar trabajadores formados para complementar las horas reducidas, situación que, según Exceltur, no se produce en el contexto actual; y de que esas empresas tengan el tamaño suficiente para adaptar y gestionar con flexibilidad sus turnos, aspecto “difícil de asegurar”, señalan, cuando el 94% de las empresas turísticas en 2023 son micropymes con un tamaño inferior a los diez trabajadores.

“De no ser así, las empresas se verían abocadas a reducir sus horarios, bajar la prestación de servicios y, en consecuencia, minorar sus ventas, lo que generaría un coste mayor del calculado”, vaticina el citado informe. En concreto, reducción de la jornada laboral en 2,5 horas generaría un incremento medio del 4,9% de los costes laborales totales de las empresas turísticas y una reducción media del 8,1% de sus beneficios anuales.

¿A qué subsectores afectaría más?

El estudio señala a los subsectores de la restauración y el transporte de pasajeros por carretera como los más perjudicados, debido a su mayor intensidad en el uso de capital humano y la menor capacidad de anticipación y ajuste de la medida, a través de la gestión de los turnos de su personal.

Así, el impacto de la reducción de la jornada laboral máxima legal por subsectores turísticos se concentra en las empresas de la rama de restauración, con 1.029 millones de euros y una reducción del 19,1% de los beneficios empresariales; del transporte, con 599,7 millones y un descenso del 7,8% de los beneficios; y del alojamiento, con 403 millones y una caída del 6,1% de las ganancias.

En total, la medida supondría una reducción de 5,7 millones de horas semanales de los trabajadores asalariados, lo que a su vez sumaría 294,6 millones de horas al año, de las que el 75,4% se producen en puestos en los que no se pueden compensar por un uso más eficiente del tiempo de trabajo.

Posibles alternativas

El informe concluye, pues, que los negativos efectos que tendría la reducción de la laboral desaconsejan su implementación. Ante ello, defiende el análisis de Exceltur, en el momento actual sería más oportuno avanzar en medidas que favorezcan la flexibilidad en la organización de las jornadas para un mejor uso del tiempo efectivo de trabajo, a la vez que la inversión empresarial en la mejora de producto, como la mejor vía para incrementar la productividad de los trabajadores y sus condiciones salariales.

Para todo ello, la Alianza propone las siguientes líneas de trabajo:

• reducir los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, para promover una mejora en los costes laborales unitarios de las empresas y sus niveles de competitividad;
• dar prioridad a los convenios colectivos a nivel de empresas o, en su caso, incorporar mecanismos de mayor flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo en los convenios sectoriales para favorecer la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente para llegar a acuerdos sobre una mejor gestión de los posibles momentos de menor actividad en el tiempo efectivo de trabajo;
• introducir incentivos fiscales a la reinversión en España de los beneficios no distribuidos en el reposicionamiento de producto (pudiendo vincularse adicionalmente a objetivos de mejora de las condiciones del empleo y reducción de la huella ecológica), como vía para la mejora de la productividad de los trabajadores;
• fomentar planes de formación “in company” diseñados bajo fórmulas de concertación directamente con las empresas, para promover mejoras en capital humano que ayuden a incrementar el valor añadido de los servicios prestados.

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