La asociación empresarial de viviendas turísticas Madrid Aloja advierte que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de limitar los pisos turísticos a bajos y primeras plantas con carácter retroactivo supondría eliminar ocho de cada diez alojamientos que operan en la ciudad. Esta es la conclusión extraída de una encuesta realizada por la asociación empresarial entre sus socios –con casi una de cada cuatro viviendas de uso turístico de la capital– después de conocerse las primeras modificaciones en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.
La asociación destaca que esta limitación tendrá un impacto directo en el crecimiento del PIB madrileño, ya que pone en juego alrededor de 1.450 millones de euros de los más de 1.800 que esas viviendas inyectan, actuando, además, como dinamizador económico del comercio de proximidad. Cada huésped realiza un gasto superior a los 550 euros por estancia, de los que un 60% son en tiendas cercanas al lugar de alojamiento, según el VI Barómetro de Alquiler Vacacional de la Universidad de Salamanca.
Madrid
A la espera de conocerse el documento, que estará sometido a consulta pública durante los próximos tres meses, la agrupación empresarial considera que la exigencia de contar con la autorización de la Comunidad de Madrid y la licencia municipal supone borrar los miles de pisos turísticos que operan desde hace ocho años –con declaraciones responsables exigidas por Turismo de la CAM– y “permite la entrada indiscriminada de nuevos actores, cuyo saber hacer está por demostrar”.
Madrid Aloja recuerda que, según Eurostat, Madrid está situada como la quinta urbe europea con mayor número de reservas en viviendas vacacionales urbanas, con 8,3 millones de noches reservadas a través de Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor.
Por otra parte, la asociación reitera su interés en regular el alquiler vacacional urbano, después de que el pasado mes de junio trasladara al consistorio una batería de medidas para devolver la seguridad jurídica al sector y garantizar la convivencia con los vecinos. Entre las medidas, destaca un censo con un sistema de plazas limitadas –de acuerdo a criterios objetivos–, pero dinámico, que garantice un crecimiento sano y sostenible.
Madrid Aloja insiste en que no se puede generalizar los casos aislados de mala convivencia vecinal. La asociación cita la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid del Ayuntamiento de Madrid de 2019, en la que solo un 3,5% de los ciudadanos reconoce esto como un problema.
“Vemos con buenos ojos que se haya retirado la exigencia de que las viviendas tengan un acceso independiente, diferente al del portal, clarificando el futuro del sector. Pero iría en contra del sentido común prohibir las que ya existían, puesto que la normativa que se hace es para regularlas y no para sepultarlas. La retroactividad de esta medida sería una bomba de relojería para el sector”, concluye Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja.
