La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Bahía de las Isletas S.L., matriz del grupo Naviera Armas, por incumplir “supuestamente” los compromisos que asumió al comprar Trasmediterránea en 2018. En un momento en el que la compañía se encuentra en pleno proceso de recapitalización de deuda, tras pasar a manos de varios fondos acreedores, la investigación por parte del organismo regulador de la Competencia en España cae como un jarro de agua fría.
La CNMC recuerda que la operación creaba un "monopolio en el tráfico marítimo de pasajeros" en la ruta entre la península ibérica y Canarias. Además, planteaba riesgos para la competencia en el transporte marítimo de carga y pasajeros en las rutas entre el sur peninsular y Melilla, además de en la red interinsular canaria, ya que desaparecía un competidor “relevante”.
Incumplimiento de compromisos
Los compromisos presentados por Naviera Armas solventaban estos problemas de competencia, ya que permitían que una tercera compañía —la alemana FRS— comenzara a prestar servicios de transporte marítimo de pasajeros y carga en las rutas donde estaba presente la naviera de origen canario: Motril-Melilla y Huelva-Canarias, una ruta circular que le permitiría prestar tráfico interinsular.
Para ello, estaba previsto que Naviera Armas y FRS firmaran contratos de fletamento de tres años de duración —prorrogables por un año—, y una serie de obligaciones que permitirían que FRS operara de manera eficaz en esas rutas: cesión de uso de amarres, sistema de expedición de billetes, abstención de uso de marca y comunicación a clientes. Además, para garantizar la eficacia de estos contratos, se incluyeron cláusulas que obligaban a informar a la CNMC e impedían modificar las condiciones sin autorización previa.
Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023 la CNMC declaró que Naviera Armas había incumplido parte de los compromisos aceptados cinco años antes. La Comisión especifica que la incoación de este expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación”. A partir de ahora, se abre un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte del organismo regulador de la Competencia en España
