Jorge Marichal, actual presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha anunciado que está dispuesto a renunciar si así lo deciden los socios de la patronal. Ha dado este paso después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife haya ratificado una sentencia contra él por delito de fraude fiscal.
La sentencia le condena a dos años de prisión, una multa de 585.896 euros, el pago a la Agencia Tributaria de 292.948 euros más 200.000 euros en intereses de demora y la inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios e incentivos fiscales. Contra ella se puede presentar recurso de amparo al Constitucional, aunque esto no paralizaría su ejecución.
“La cuestión en litigio se basa en una disparidad de criterios entre la Inspección de Hacienda y mis asesores fiscales que no comparten el punto de vista sobre el devengo y consecuencias del pago aplazado de una operación puntual que realizó una empresa de la que soy partícipe y administrador mancomunado”, ha afirmado Marichal en un comunicado, en el que ha recalcado que todas las partidas económicas "están abonadas a la Agencia Tributaria desde el momento en que se exigieron".
La sentencia le condena a dos años de prisión, una multa de 585.896 euros, el pago a la Agencia Tributaria de 292.948 euros más 200.000 euros en intereses de demora y la inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios e incentivos fiscales.
Los principales cargos que ostenta
El presidente de la Cehat defiende que este es un asunto ajeno a su actividad pública y las organizaciones a las que representa. "No obstante, entiendo que, debido a mi proyección pública, por los cargos que ostento en las diferentes organizaciones empresariales, este asunto tiene una trascendencia mediática importante, lo que ya ha sido comunicado a los órganos representativos de asociaciones y organizaciones en la que participo. Adoptaré la decisión más adecuada, como siempre he hecho, para los intereses de las asociaciones a las que represento", ha comentado.
Además del impacto de la sentencia en la reputación de los organismos que preside, es muy relevante la afectación que puede tener la imposibilidad de poder optar a subvenciones, especialmente en el proyecto de la aerolínea Canarian Airways, cuyo lanzamiento estaba previsto para este verano.
- Cehat: Como se ha indicado en el encabezado de la noticia, Marichal fue elegido presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) en diciembre de 2019. Ha anunciado que pone este cargo a disposición de los asociados.
- Ashotel: Desde noviembre de 2011, es presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel).
- Canarian Airways: Es administrador mancomunado de LATTITUDE HUB SA, empresa que hay detrás de la marca comercial Canarian Airways. Está participada por 14 hoteleros tinerfeños, la compañía aeronáutica One Airways y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel). La inversión prevista por parte de El Cabildo de Tenerife —que se comprometió con la suscripción del 25% de su capital mediante la aportación de 700.000 euros— sería imposible teniendo en cuenta la sentencia.
- CEOE: Marichal es, desde enero de 2021, presidente del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Se trata de una división de la patronal creada para la defensa de los intereses del sector empresarial español en el ámbito del turismo.
Como presidente de Ashotel, forma parte de:
- Promotur Turismo de Canarias: Forma parte del Consejo de Administración de Promotur Turismo Canarias SA, sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, responsable de la gestión de la marca turística Islas Canarias.
- Hotel Escuela de Canarias (Hecansa): Es vocal en el Consejo de Administración de Hotel Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública de formación en Turismo y Hostelería adscrita a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y presidida por la consejera Yaiza Castilla.
- Consejo Canario de Turismo: Miembro del Consejo Canario de Turismo, un órgano asesor y consultivo del Gobierno de Canarias en materia turística, en el que están representadas las principales organizaciones empresariales, sindicales y profesionales competentes en el sector, así como los siete cabildos insulares y la federación de municipios.
- Turismo de Tenerife: Es también consejero y vicepresidente de Turismo de Tenerife, entidad pública dependiente del Cabildo de Tenerife creada con el objetivo de promocionar la Isla como destino turístico.
- Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife: Es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, organización subvencionada por el Gobierno de Canarias.
A nivel particular, Marichal es consejero delegado de Inversiones Marylanza S.L. que explota y gestiona los hoteles Marylanza Suites & Spa (en Arona, Tenerife), Atlantic Mirage Suites & Spa (en Puerto de la Cruz, Tenerife) y Playa Calera (hotel 4 estrellas en Valle Gran Rey, La Gomera) y está impulsando la edificación de un hotel de cinco estrellas, el Tenerife Blue Village, en Arona.
Origen del conflicto
La sentencia judicial no afecta a ninguna de las entidades mencionadas, sino a Marmon Atlantis SL, una empresa impulsada junto a Juan Antonio Moncada que compró un inmueble en 2005 para transformarlo en nueve apartamentos que fueron vendidos en 2009 por 1,49 millones de euros. Es en esta operación en la que se generó el conflicto con el fisco.
Mientras que Hacienda sostenía que Marmon Atlantis no declaró el Impuesto de Sociedades, eludiendo pagar 292.948 euros —postura que se ha impuesto en la sentencia— Marichal y sus asesores explican que "en ningún momento ha habido intencionalidad" de defraudar a la Agencia Tributaria. Sostienen que, en el momento de la compraventa, el comprador abonó a cuenta 200.000 euros y el pago restante (1,29 millones) quedó aplazado a los siguientes seis meses, según escritura; ese plazo se prorrogó mediante pacto privado entre vendedor y comprador sin que ningún documento público lo avale. Desde la empresa de Marichal consideraron que debían abonar las cantidades del Impuesto de Sociedades en función del nuevo calendario pactado, algo que a ojos de la Agencia Tributaria no es válido. Según la AEAT el impuesto se tendría que haber cubierto en los plazos escriturados, al no hacerse así, remitió las actuaciones al Juzgado, que confirmó la tesis de que se cometió un delito fiscal.
"He acatado y cumplido la decisión judicial, como no puede ser de otra manera, pero no la comparto, por cuanto nos encontramos ante un claro supuesto de disparidad de criterios en la aplicación de la norma fiscal, sin que obviamente haya existido dolo ni intencionalidad alguna", lamenta el presidente de los hoteleros, quien afirma que el asunto no tendría que haberse elevado a nivel judicial, quedándose en "una pugna o controversia en el orden administrativo-tributario".
