El Sindicato Español de los Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), la Unión Sindical Obrera (USO) y el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (SITCPLA) han presentado una demanda de impugnación contra el ERE planteado por Ryanair, que afecta a 224 empleados, ante la Audiencia Nacional.

Los sindicatos consideran que el Expediente de Regulación de Empleo que propone la ‘low-cost’ está “plagado de múltiples irregularidades e incumplimientos de la legislación laboral española”. En concreto, recriminan que desde que anunciara el cierre de bases en España, el pasado agosto, hasta que finalizara el período de consultas del ERE, “se han dado toda una serie de ilegalidades que deben conducir a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad o no ajustado a derecho el despido colectivo planteado”.

En primer lugar, las entidades consideran que las causas productivas y organizativas por las que Ryanair presentó el ERE no quedan acreditadas y que, incluso, algunas de ellas son inexistentes. Estas eran el retraso en las entregas de los Boeing 737MAX; la ineficiencia de las bases de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur por las tarifas bajas, el elevado coste de operaciones, la incertidumbre ante el Brexit y su impacto en Canarias; y la caída de la demanda en el Aeropuerto de Girona durante el invierno.

En contraposición, los sindicatos defienden que el retraso en la entrega de los MAX “no puede argumentarse como causa productiva”, debido a que en el Informe Anual de 2019, Ryanair anuncia la inmovilización de unos 60 aviones como estrategia estacional, lo que invalida el anterior argumento para justificar el cierre de bases. También, que la ‘low-cost’ no ha podido constatar el descenso en la demanda y facturación de las bases canarias.

En cuanto a las causas organizativas, que aluden a los cambios en los sistemas, en los métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, la bajo coste ni siquiera las contempla en su informe técnico o memoria.

ERE

Los sindicatos, a su vez, enumeraron en la demanda las diferentes irregularidades que consideran realizó Ryanair "desde el anuncio del ERE hasta la actualidad". Estas son: "La falta de petición de informe a los sindicatos, pese a las advertencias realizadas por la Dirección General de Trabajo y que finalmente se realizó el último día del período de consultas (14 de noviembre); la falta de aportación del plan de recolocación externo; o la diferencia entre la comunicación de la decisión final de la empresa a los representantes sindicales y la realizada a la autoridad laboral, en cuanto a indemnizaciones por despido, vacantes o listado definitivo de afectados", entre otras. De acuerdo con las entidades sindicales, estos apartados incumplen distintos artículos del Real Decreto 1483/2012 y del Estatuto de los Trabajadores.

En la denuncia también se alude a la "posición inmovilista" mantenida por la 'low-cost' durante el período de consultas del ERE, debido a que no realizó propuestas de "verdadero contenido negociador" y a que se mostró "inflexible con la decisión de cierre de las cuatro bases". Al mismo tiempo, se menciona su "negativa a compensar la pérdida retributiva de los miembros de la comisión negociadora", quienes al no volar vieron mermados sus salarios, entre otros.  

El caso Girona

La denuncia también incluye un apartado en el que se analiza la actuación de la compañía con la base de Girona, que los sindicatos consideran "una auténtica coacción, fraude de ley, intento de engaño y un claro ejemplo de incumplimiento de la obligación de negociar con buena fe". Y es que, la única alternativa al despido que ofreció a la plantilla fue modificar sus condiciones laborales, pasando de contratos fijos a fijos discontinuos, lo que supone trabajar nueve meses del año y permanecer en el paro los otros tres. 

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