En Europa se está librando una guerra silenciosa por el equipaje de mano. Por un lado, las aerolíneas de bajo coste están reduciendo el tamaño de las maletas permitidas a bordo e implementando cargos adicionales por poder mantener los derechos que actualmente se tenían de forma gratuita; mientras, organismos de Competencia, asociaciones de consumidores y los propios pasajeros claman asegurando que se violan las leyes europeas de navegación aérea. La decisión, que podría cambiar el destino de la aviación europea, está ahora en manos de un tribunal administrativo de Lazio (Italia).
El inicio de un conflicto
Desde el 1 de noviembre de 2018, Ryanair puso a los pasajeros con las espadas en alto al anunciar un nuevo cambio en su política de equipajes que era especialmente restrictivo con las maletas que los viajeros podían subir a bordo.
En concreto, la compañía irlandesa solo permite subir gratis una maleta de 40 x 20 x 25cm y no la habitual de 10 kg y 55 x 40 x 20 cm. Para poder seguir volando como siempre, es necesario pagar el embarque prioritario (6€ al hacer la reserva, 8€ si se contrata después). La otra opción es facturarla, lo que implica, además de un coste de 8€ (10 euros se añade con posterioridad), tener que llegar con mayor antelación al aeropuerto.
Se esperaba una avalancha de aerolíneas que optasen por ese modelo, pero por el momento, la única en seguir sus pasos fue la compañía húngara Wizz Air: los pasajeros sólo podrán llevar a bordo una maleta de 40x30x20 cm y no la habitual de 55x40x23 cm y 10 kg de peso, a no ser que paguen el embarque prioritario (de 5 a 12€ en la reserva, 25€ después).
La guerra en Italia
Inmediatamente, las medidas de ambas ‘low cost’ fueron frenadas por Italia. La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) decidió prohibir de forma provisional el cobro del suplemento por equipaje de mano.
El organismo italiano insistía en que este sobrecoste debería estar incluido en la tarifa estándar y que incluirlo después supone “una representación falsa del precio real del billete”, por lo que se estaría “engañando al consumidor”.
No obstante, ambas aerolíneas obviaron el dictamen de AGCM, por lo que la autoridad de la competencia les multó el pasado mes de febrero con 3 millones de euros, en el caso de Ryanair, y 1, en el caso de Wizz Air. También les exhortó a que acatasen sus normas y dejasen de aplicar las nuevas políticas en un plazo de 60 días.
Asimismo, el vigilante para la competencia tomó acciones legales y ahora será un tribunal italiano el que tendrá que determinar si les políticas de equipajes de Ryanair y Wizz Air son legales.
Comunicación de la multa por parte de La Comisión para los Mercados y la Competencia
Ryanair gana la primera batalla
Ante esta decisión del vigilante para la Ryanair y Wizz Air recurrieron al Tribunal regional Administrativo de Lazio (TAR) que, mientras determina si las políticas de equipajes de ambas compañías son legales, ha decidido suspender las multas y da vía libre a que las líneas aéreas mantengan su actual sistema de equipajes a bordo hasta que tenga una decisión en firme.
Esto supone una primera victoria de las ‘low cost’ y un golpe para la AGCM, aunque aún se desconoce cuál será la decisión final del tribunal.
Desde Wizz Air se ha recibido este dictamen con entusiasmo asegurando que su política de equipajes “garantiza que todos los pasajeros puedan llevar una bolsa a bordo” y que es “clara”, “justa” y “transparente”.
Detractores en España
Desde España una de las asociaciones que se ha mostrado más crítica ha sido FACUA-Consumidores en Acción, que en el momento en que entró en vigor la nueva política aseveró que "la medida contraviene lo estipulado en el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea española” y es “abusiva”.
Según la Ley de Navegación Aérea el transportista debe portar de forma gratuita y en cabina, los bultos que el viajero lleve consigo como equipaje de mano, incluido los artículos adquiridos en las tiendas de los aeropuertos.
También la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo ha protestado contra la medida aseverando que supone “un nuevo expolio hacia los pasajeros”, una queja similar a la de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCCV).
